Muere Pere Puig después de recibir la eutanasia por depresión severa con 54 años

• Sira Lobato @siralobato
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• • 17/04/2026 16:17
  • Actualizado: 17/04/2026 17:54

El caso de Pere Puig se ha convertido en una cruda denuncia contra los obstáculos administrativos que sufren los pacientes graves en España. El jueves 16 de abril, a través de su blog personal, el catalán dejó escrito un mensaje de despedida: «Hoy se cumple la ley, hoy termina la lucha, hoy habrán terminado las discriminaciones y hoy habrá terminado el sufrimiento». Tras una larga batalla en los despachos, su perseverancia ha forzado a las autoridades médicas a aplicar hoy la ley de eutanasia para poner fin a su constante agonía física y mental.

Según ha trascendido, el cuadro clínico de este paciente era devastador. Además de una fuerte depresión psiquiátrica, soportaba dolor persistente, hipertensión, pérdida muscular, agorafobia y ataques de pánico diarios. Pese a tener reconocida una discapacidad del 68 % desde 2006, su médico de cabecera del CAP Sant Pere le denegó la asistencia hasta en tres ocasiones argumentando que su patología «no tenía un carácter incapacitante» ni limitaba sus actividades cotidianas. Esta decisión médica convirtió su día a día en un auténtico laberinto institucional hasta que el órgano competente rectificó el polémico dictamen sanitario inicial.

El desbloqueo de la Comisión

Ante el reiterado portazo de su ambulatorio, Puig elevó un recurso desesperado ante la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Este organismo fue el responsable de avalar el proceso y constatar que el paciente reunía todos y cada uno de los estrictos requisitos exigidos por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. El informe definitivo fue tajante: el catalán mantenía plena capacidad para decidir de manera libre, había agotado todas las alternativas terapéuticas posibles y no existía ninguna base médica para prever una mejoría. El visto bueno de la comisión propició un cambio en el equipo médico y la asignación de una nueva facultativa que, esta vez sí, avaló el procedimiento con el respaldo oficial de una psiquiatra.

Último deseo: donar sus órganos

La burocracia, la desigualdad territorial y el rechazo a registrar las solicitudes bloquean sistemáticamente el ejercicio de la ley de eutanasia en España, según ha denunciado Loren Arseguet, presidenta de la asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD). Arseguet califica de «auténtica barbaridad» que un tercio de los solicitantes fallezcan durante la tramitación debido a unos plazos que se alargan demasiado, una realidad que encaja con los 853 días de espera que ha tenido que soportar Pere Puig.

El desenlace clínico de Puig se retrasó ligeramente por su firme voluntad de convertirse en donante. «Representa hacer las cosas bien, que mi muerte sirva para algo», declaró al Diari de Tarragona, lamentando que en Cataluña haya un 25 % de negativas en este ámbito, lo que calificó de «irracional» en un país pionero en trasplantes.

Acompañado por el incondicional apoyo de sus dos hijos y sus hermanas, Puig se ha despedido reivindicando su total soberanía frente al sistema. Diversas plataformas han aprovechado este batacazo burocrático para exigir al Ministerio de Sanidad que agilice los plazos y evite que otros enfermos crónicos se topen con trabas injustificadas al solicitar la ley de eutanasia.