Moncloa pedirá a la Generalitat “nuevos interlocutores»: en octubre estarán «inhabilitados o quemados”

El Gobierno considera que en estos momentos es imposible un diálogo con la Generalitat para buscar una solución al desafío independentista y advierte que a partir del 2 de octubre seguirá tendiendo la mano, pero a los «nuevos interlocutores».

Vicepresidencia y la Delegación del Gobierno en Cataluña se abren a la idea de que el día 1 de octubre, cuando la Generalitat tiene previsto celebrar el referéndum ilegal, se produzca una protesta que quede en una pseudo repetición del 9N, el «referéndum de cartón» por el que fueron inhabilitados el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, y sus ex consejeros Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau.

Pero el Ejecutivo ya no descarta que haya cierta «agitación» entre el sector independentista, fruto de los meses de movilización y las campañas de la Generalitat.

Fuentes del Gobierno hablan de «nuevos interlocutores» en señal de advertencia ante posibles inhabilitaciones si los consejeros o el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, permiten con su firma actos en favor del referéndum que incurran en ilegalidades. Además, consideran que estos dirigentes «estarán quemados» a la hora de buscar la salida negociada con el Gobierno cuando fracase la vía unilateral.

El mensaje es claro por parte del Gobierno: o frenan el referéndum o preparan una segunda línea de políticos ‘habilitados’ y dispuestos a negociar en el ámbito competencial antes de las elecciones autonómicas. 

En Moncloa nadie habla de aplicar el artículo 155 de la Constitución pero desvelan que no haría falta llegar a esos extremos si todo continúa por el mismo camino de «acción-reacción». Así, explican que «la Justicia actúa de inmediato» y ponen como ejemplo las inhabilitaciones al ex presidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por el 9N; o la reciente querella admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra de urnas para el referéndum.

Las fuerzas independentistas cometieron este jueves una profunda contradicción al felicitarse porque el Tribunal Constitucional les ha dado la razón al reconocer el derecho del PDeCAT a formar grupo propio en el Senado. Se alegran de querer ser un partido más en el Estado español. Detalle que hizo mucha gracia a los parlamentarios populares en la Cámara.

Asimismo y tal y como publicó OKDIARIO, la aplicación que planean lanzar desde la consejería de Gobernación para facilitar a los ciudadanos los locales de votación en aquellos consistorios que no se presten a colaborar con el referéndum, no hace más que evidenciar la soledad de estas fuerzas al tener que admitir que la fuerza motriz de la consulta dependerá de los voluntarios. Si Podemos y Los Comunes deciden sumarse a la vía unilateral supondrían un apoyo pírrico, ya que un tercio de sus votantes, según el CIS, prefieren que el Estado autonómico se quede como está.

«El Gobierno y la Justicia están ahí para evitar que se salten las leyes. A cada paso que den en esa dirección, se actuará siempre», señalan fuentes gubernamentales que ya agregan que estarán «in vigilando» el próximo 4 de julio cuando Puigdemont planea explicar en un acto los próximos pasos a seguir para celebrar el referéndum ilegal. «No queda otra que buscar que los ánimos se serenen», admiten a la espera de tomar decisiones en función de los planes de la Generalitat con el referéndum.

Una «respuesta proporcionada»

«Es un momento de aceleración, donde todo tiene fecha de caducidad, donde todo son plazos que cumplir, y lo que pido es sosiego, calma y desaceleración. Mucha gente está pensando en el 2 de octubre, y ahí estaremos», dijo esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la presentación del libro de José María Lassalle.

El entorno del presidente Mariano Rajoy no ha cambiado su discurso y siguen transmitiendo que «el referéndum no se celebrará». Las fuentes consultadas desvelan que Rajoy ha dado una directriz bien clara a todos los miembros del Gobierno: «Debemos de responder de forma proporcional a todas las acciones que realice el Gobierno catalán».

A partir de ahí, si aprueban las leyes de desconexión por procedimiento de lectura única en el Parlament, la Justicia actuará contra aquellas medidas que pongan en peligro la democracia. Fuentes del Ministerio de Justicia responden a OKDIARIO que «tenemos todos los planes previstos y se actuará de inmediato». Sólo desde la renuncia al referéndum, el Gobierno intensificará su oferta de diálogo que pasa por negociar todos los puntos iniciales que planteó Puigdemont (todos excepto el referéndum).

Sáenz de Santamaría ve más salidas que una reforma constitucional: «Puede ser una reforma constitucional, pero también hay otras maneras y salidas si, de verdad, hay voluntad de diálogo. Lo que no puede ser es que se tomen atajos para incumplir la ley porque se entiende que no tienen mayoría», insistió.