Marlaska suma más de 50 suicidios en la Guardia Civil: los agentes le piden armeros y un plan

• Pelayo Barro @pelayobarro
• Periodista de la sección Nacional. Especializado en información de Interior y Defensa.
• • 04/01/2023 20:00
  • Actualizado: 05/01/2023 10:36

Con el cierre del 2022, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, suma en su gestión al frente del departamento más de medio centenar de suicidios de agentes de la Guardia Civil. Una «lacra» que denuncian en el propio cuerpo y piden que se actúe contra el problema aplicando un protocolo que funcione de forma efectiva. Exigen la instalación de armeros de seguridad en los cuarteles para que puedan dejar a buen recaudo sus armas reglamentarias, la vía más recurrente para el suicidio. Además, reclaman que no se tenga en cuenta la solicitud de ayuda psicológica en los procesos de ascenso.

«Pedimos al Gobierno que prevea medidas para evitar esta lacra y a la Dirección General que atienda las necesidades y actúe ante el problema», explican desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que tras el fin de año ha hecho balance este miércoles del número de agentes que se han suicidado en 2022: 13.

Desde 2018, año en el que Grande-Marlaska asumió la cartera de Interior e impulsó un plan específico contra los suicidios, han sido más de medio centenar los agentes que se han quitado la vida. En 2021 se alcanzó la cifra más alta de su mandato, con 16 casos según fuentes de Interior, que elevan a 17 otras fuentes de datos.

Son, explican, «los registros más trágicos de la Dirección General de la Guardia Civil», en los que figuran «un total de 216 compañeros en los últimos 17 años –de 2005 hasta 2022-«.

«La Institución se ha involucrado mejorando el II Plan de Prevención de Conductas Suicidas, vigente entre 2005 y 2009. También activó un protocolo en 2018 para adoptar medidas específicas psiquiátricas, psicológicas y de conductas anómalas, reforzadas desde 2010 con el Plan Preventivo de Asistencia Psicológica. Sin embargo, es necesario atajar el problema de todos los modos posibles y sin restarle importancia, postura que ha acostumbrado tradicionalmente la Dirección General de la Guardia Civil», recalcan.

Armeros

Explican, además, su reclamación de dotar de armeros a todas las dependencias de España, de forma que los agentes puedan dejar allí bajo custodia su arma reglamentaria y no tengan que llevársela con ellos a casa. De esa forma, se evita que ante una crisis pasajera puedan empuñarla contra ellos mismos en sus domicilios, una de las situaciones que más muertes ha provocado.

Piden, además, «la externalización y refuerzo de psicólogos y normalizar los asuntos relativos a salud mental. No puede continuar siendo un tema tabú dentro de la Guardia Civil ni suponer una mancha en el expediente profesional si trasciende que requieres de atención psicológica. Es algo que perjudica ante ascensos o especializaciones y los mandos no deberían tener acceso a este tipo de información del agente ni mucho menos tendría que utilizarse para tales fines», advierten.

Medidas

Frente a esto, los sindicatos policiales insisten en desarrollar el plan de prevención ya existente, en el que precisamente participaron en su alumbramiento. Sin embargo, los recursos son insuficientes. AUGC advierte de que en la actualidad hay menos de 50 psicólogos para atender a 83.500 guardias. El SUP pide más puntos sanitarios de atención. JUPOL recuerda que los agentes son reacios a que les atiendan psicólogos de la Policía porque temen que les acarree suspensiones o prejubilaciones, y piden que se externalice el servicio de asistencia para vencer las reticencias de policías y guardias. JUCIL señala al estrés y la falta de planeamiento laboral como parte de los factores que pueden agravar la situación personal de los guardias que confunden el suicidio con una salida a sus problemas.

Todos coinciden en que la información de las consultas o del estado de guardias y policías no deberían estar al alcance de los mandos. Quieren que se les garantice que las bajas psicológicas no manchen los expedientes de los afectados. También reclaman al ministro Marlaska el refuerzo de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales.