Marlaska reconoce el caos en las cárceles por la falta de médicos: de 106 plazas sólo se han cubierto 6

Los médicos no quieren ir a las cárceles de Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio del Interior ha reconocido el caos en el que se encuentra el sistema penitenciario por la falta de sanitarios. Así, en la última convocatoria de empleo impulsada por el Gobierno, a las 106 plazas ofertadas, sólo se presentaron 13 aspirantes, y de ellos únicamente seis han concluido todo el proceso. A esta situación hay que sumar que, según reconoce el propio Ejecutivo, la actual plantilla de médicos penitenciarios tienen una media de edad elevada, lo que provoca un elevado número de bajas laborales, aumentado aún más la presión sobre el escaso número de sanitarios.

En una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno ha señalado que a pesar de que se vienen ofertando plazas de acceso libre para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria en las diferentes ofertas públicas de empleo anuales, las mismas quedan desiertas en la mayoría de las ocasiones, bien por falta de demanda suficiente de profesionales médicos de cara a su concurrencia, tanto en los procesos selectivos como a la superación de los mismos en sus últimas fases; o por su desistimiento antes de la finalización, generando una escasez de profesionales facultativos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Así, en el último proceso selectivo convocado el pasado 30 de noviembre de 2023, en el que, convocadas 106 plazas, sólo se presentaron 13 aspirantes, y de ellos únicamente 6 han concluido todo el proceso. «Esta situación es igualmente trasladable a los procesos selectivos para la incorporación de personal funcionario interino», reconoce el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la pregunta formulada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados.

Una plantilla escueta que, además, presenta un elevado envejecimiento. Según los datos del propio Marlaska, la elevada media de edad de los médicos que ya trabajan en las cárceles conlleva una no desdeñable concurrencia de situaciones de incapacidad transitoria, permisos, excedencias, renuncias, jubilaciones anticipadas.

El sistema sanitario, al límite

El ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska ha sido incapaz de corregir, en los últimos cinco años, el modelo asistencial sanitario en las cárceles de nuestro país. Los datos son rotundos y muestran un desajuste generalizado en todos los centros penitenciarios: 46.000 reclusos y solamente 170 médicos. Este dato, si se extrapola al conjunto del personal sanitario como puede ser la enfermería, el ratio por recluso tiene cifras similares.

Las sociedades españolas de Psiquiatría Legal (SEPL) y de Sanidad Penitenciaria (SESP), ya han advertido que en el campo de salud mental en prisiones, la situación es insostenible, teniendo en cuenta que este problema afecta de manera extraordinaria a los presos que cuentan con patologías graves o muy graves. Este hecho hace que los médicos de Atención Primaria deban participar, en la mayoría de las comunidades, de los cuidados de estos enfermos y que su situación, ya en AP, es insostenible, con lo cual, todo el sistema se resiente por la falta de médicos especialistas en psiquiatría.

Hasta el momento, sólo Cataluña, País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria y sus sistemas sanitarios, autonómicos y penitenciarios, integrados. En el resto de las CCAA, con Ceuta y Melilla, sin sus competencias transferidas, la sanidad penitenciaria está a cargo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, es decir, a cargo de la dirección del ministro Grande-Marlaska.

La situación sanitaria en las cárceles españolas es tan seria que los datos indican que para atenuar esta disfunción harían falta cerca de 500 médicos más. Esta cifra es, a priori, inalcanzable porque se tendría que conseguir con unas implementaciones políticas especiales de ajuste y teniendo en cuenta la falta de médicos en la propia Sanidad Pública española. En los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios dependientes de la Administración Penitenciaria central, en Alicante y Sevilla, respectivamente, el 70% de las personas están ingresadas por una causa de inimputabilidad y el 30% restante por una causa de semiimputabilidad.