Marlaska desoye la petición de renombrar las comisarías con los 188 policías asesinados por el terrorismo

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, desoye la propuesta de la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para rebautizar los nombres de las comisarías de la Policía Nacional en honor a los 188 agentes víctimas de la crueldad del terrorismo. La iniciativa, presentada hace casi dos meses y que sigue sin respuesta, busca preservar la memoria de los policías que perdieron la vida en actos terroristas y darles un reconocimiento permanente en las instalaciones donde sirvieron.

Según confirman fuentes de Dignidad y Justicia (DyJ), hasta la fecha no han recibido «ninguna respuesta» oficial a su solicitud, que fue enviada mediante una carta formal el 20 de diciembre de 2024. La asociación que preside Daniel Portero confirma haber recibido únicamente el acuse de recibo de la comunicación enviada al ministerio y en particular dirigida personalmente a Marlaska. El Gobierno de Pedro Sánchez, que se mantiene en Moncloa gracias a Bildu, no ha tomado la propuesta de Portero precisamente como una prioridad para tener un gesto con las víctimas del terrorismo.

La propuesta cuenta con el respaldo del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Basándose en el exhaustivo trabajo de documentación realizado por DyJ sobre los agentes fallecidos, esos agentes ven muy acertada la propuesta de dar nuevos nombres a las comisarías que actualmente tienen nombres administrativos en función de su ubicación territorial.
La iniciativa, impulsada por Daniel Portero y Víctor Valentín Cotobal, presidente y vicepresidente de DyJ respectivamente, propone mantener los nombres actuales de las comisarías añadiendo el de los agentes asesinados. Entre los casos destacados, sugieren que el Centro Operativo del Grupo Especial de Operaciones (GEO) incorpore el nombre de Francisco Javier Torronteras Gadea, agente fallecido durante la investigación de los atentados del 11-M, una propuesta que vincularía permanentemente la memoria de este servidor público con la unidad de élite a la que entregó su vida.
Otro ejemplo significativo propuesto es el de la Comisaría de distrito de Carabanchel, que pasaría a denominarse «Comisaría de distrito de Carabanchel–María José García Sánchez», en memoria de la agente asesinada por ETA en 1981 durante un operativo antiterrorista. Los criterios para asignar los nombres se basarían en la proximidad geográfica o la afinidad operativa con el servicio prestado por los agentes fallecidos, buscando crear vínculos significativos entre las víctimas y los lugares donde se les recordaría.

La propuesta se enmarca en la conmemoración del 200 aniversario de la Policía Nacional y se fundamenta en precedentes similares de reconocimiento público, como el cambio de nombre del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez o la estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. Según señalan desde la asociación, la iniciativa no supondría coste económico alguno para las arcas públicas, un aspecto importante que facilitaría su implementación.

En la carta enviada al ministro, que sí fue recibida, según confirma la asociación, DyJ destaca que esta medida «tendría un profundo impacto simbólico y social, permitiendo mantener viva la memoria de quienes dieron su vida en defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales». La asociación subraya que el reconocimiento serviría como un recordatorio permanente del sacrificio realizado por estos servidores públicos en la construcción y protección de la democracia española.

La falta de respuesta del Ministerio del Interior contrasta con la relevancia de la propuesta, que busca no sólo honrar la memoria de los agentes caídos, sino también servir como recordatorio permanente de su sacrificio para las generaciones presentes y futuras. La iniciativa pretende además subrayar el compromiso del Estado con la lucha contra el terrorismo y el reconocimiento de sus víctimas, en un momento en que la memoria histórica cobra especial relevancia.

El silencio administrativo ante esta petición se produce en un contexto donde el debate sobre la memoria histórica y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo mantiene plena vigencia en la sociedad española. La propuesta de DyJ busca establecer un precedente en el reconocimiento institucional a las víctimas del terrorismo dentro de las fuerzas de seguridad, creando espacios de memoria que sirvan como testimonio permanente de su sacrificio. El reconocimiento propuesto serviría además como elemento educativo para las nuevas generaciones de policías y ciudadanos. Sin embargo, la falta de respuesta de Marlaska deja en el limbo la iniciativa sobre los nombres de las comisarías que podría marcar un antes y un después en la forma de honrar la memoria de los servidores públicos caídos en acto de servicio.