El PSOE legitimó a la asociación de la detenida por secuestrar a su hijo
María Sevilla, detenida por presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantener a éste aislado en una finca de Cuenca, sin escolarizar, desde hace seis meses, también tuvo conexión con el PSOE. Sevilla, como informó OKDIARIO, asesoró a Podemos en políticas contra los abusos a menores y la violencia en el ámbito familiar, desde su cargo como presidenta de la asociación Infancia Libre.
La vinculación de Sevilla con los partidos políticos no se quedó en la formación de Pablo Iglesias. También el PSOE escuchó sus demandas y las asumió como propias, apoyándolas a través de una Proposición No de Ley de Podemos en la Asamblea de Madrid, en 2017. Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea, se fotografió con Sevilla -en la imagen, también con Isa Serra, diputada de Podemos- para mostrar la adhesión de su partido a las reivindicaciones de la asociación.
Con asociación contra abuso sexual infantil x aprobación PNL + recursos, votos favor @psoe_m y @PodemosCMadrid, votó en contra #PP absten Cs pic.twitter.com/CTxSPRTPdK
— Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) February 9, 2017
Durante el debate de la iniciativa en la Asamblea de Madrid, Serra -ahora candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid-llegó a relacionar los abusos sexuales infantiles con la ideología del PP, al asegurar que ésta «se basa en poner la defensa de la institución familiar por encima de los derechos de las personas, en este caso de los derechos de la infancia». La proposición salió adelante con los votos de Podemos y PSOE-M, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
La diputada del PP, Ana Camins, replicó a Serra recordándole el caso de Pedro de Palacio, el dirigente de Podemos que dimitió tras ser condenado, en 2002, por abusar de una niña de cinco años cuando era menor.
La iniciativa, apoyada por PSOE y Podemos, instaba al Gobierno regional a realizar un análisis del abuso sexual infantil en la Comunidad de Madrid, crear un servicio público «en el que trabajar desde la lógica de la protección a la infancia y de la prevención del abuso sexual infantil» y a realizar un cambio en la legislación para que no fuese requisito el consentimiento de ambos progenitores para la intervención psicológica, en todos los casos en los que pudiera existir indicios de que uno de ellos haya maltratado o abusado de un menor o instar al Gobierno Central a promover la adopción de una Ley Integral por el fin de la violencia contra la infancia.
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