Todas las asociaciones de jueces y fiscales critican a Montero por atacar la presunción de inocencia
Piden que los "representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados"
Montero tildó de "vergüenza" que la presunción de inocencia prevaleciera sobre el testimonio de una joven
Todas las asociaciones de jueces y fiscales han criticado las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. La también ministra de Hacienda aseguró que «el testimonio de mujeres está por delante de la presunción de inocencia» en un mitin del PSOE en Andalucía. «Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves», ahondó la número 2 del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras revocar la condena por violación de una joven.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales han reaccionado unánimemente ante estas declaraciones con un comunicado conjunto. Las entidades piden que «las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados» y reclaman que los políticos eviten hacer «comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial».
La titular de Hacienda afeó durante su discurso en el mitin de este sábado que «todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos».
Las asociaciones de jueces y fiscales han recordado que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que aparece en nuestra Constitución. Este principio asegura que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. «Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios», recalcan magistrados y miembros del Ministerio Público.
El comunicado también dedica unas palabras a las víctimas, de las que se dice que es fundamental que se sientan respaldadas y que sean valorados con seriedad y sensibilidad. Sin embargo, aclaran que estas garantías deben existir de la mano del respeto a los derechos fundamentales de los acusados. De esta forma pretende alcanzarse el equilibrio para poder impartir la justicia debidamente.
«Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales», subrayan las asociaciones. En todo caso, admiten que las críticas a las decisiones judiciales son legítimas, pero aclaran que deben ser fundadas. Si no, consideran que «pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de derecho».
Las asociaciones representan un amplio espectro ideológico. Son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
AMJE pide condenar sólo con testimonio
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) reivindica la plena aplicación de la jurisprudencia que da validez a la declaración de las víctimas como prueba de cargo. Y es que la AMJE asegura que debe ser así «porque al producirse generalmente los hechos delictivos en un lugar oculto, se dificulta la concurrencia de otra prueba diferenciada».
La asociación advierte que puede generar impunidad derivada de «diseccionar las declaraciones de las víctimas, atribuyendo extraordinario valor a posibles contradicciones en aspectos accesorios».
Y además, alerta de las «devastadoras consecuencias que para las víctimas y para la justicia puede tener una deriva de retroceso en los avances logrados que han conseguido, salvaguardando la presunción de inocencia, abrir una puerta por la que las víctimas de delitos sexuales han podido ser protegidas. No se las volvamos a cerrar».
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