Los líderes del PSOE marcan «líneas rojas» a Sánchez: «Ni referéndum, ni amnistía ni ventajas fiscales»
Moncloa cree que la mejora de los resultados eximen a Sánchez de asumir las líneas rojas de los líderes territoriales
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La negociación que debe entablar el PSOE con los partidos separatistas, de cara a lograr la investidura de Pedro Sánchez, ha encendido las alarmas entre los líderes territoriales del partido. Los que hasta hace bien poco eran conocidos como barones. Alejados ya del poder autonómico que muchos de ellos ostentaban hasta el pasado 28 de mayo, ahora, los secretarios generales del PSOE en varias autonomías advierten al presidente del Gobierno en funciones de que hay «líneas rojas» que no le permitirán cruzar en sus concesiones a Junts y ERC. «El referéndum y la amnistía sin duda alguna», explica un ex presidente socialista, pero «tampoco un trato fiscal diferente al del resto de españoles» como han llegado a plantear algunos miembros del PSC. Avisa este dirigente socialista que «no se puede premiar a los que han perpetrado un golpe contra la democracia». Y piden a la dirección nacional que «a nadie se le pase por la cabeza no someter dichos pactos al referendo de la militancia» como ha ocurrido en otras ocasiones.
Estos líderes territoriales, entre los que se encuentran dos presidentes autonómicos que ya han sido investidos, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, recuerdan a Ferraz «el alto coste» que han tenido que pagar muchos de ellos en las últimas elecciones autonómicas. «Nosotros sufrimos el rechazo a los acuerdos con los separatistas, ya que en las generales se nos votó principalmente para evitar el ascenso de Vox al poder», explica uno de los damnificados por el 28M. Aunque en Moncloa no opinan lo mismo y creen que el diputado que ganó el PSOE el pasado 23 de julio legitima a Pedro Sánchez para seguir gobernando con sus socios independentistas catalanes y vascos sin líneas rojas.
En el caso de Murcia o Navarra -autonomías en las que puede haber repetición electoral- los recelos son aún mayores. La negociación para la investidura y las posibles concesiones a Junts y ERC iría en paralelo a los procesos electorales. Y eso puede ser letal para el PSOE en algunos territorios.
En el entorno del secretario general del PSOE alardean de que el millón de votos más que los socialistas lograron el 23J respecto a 2019, tras decisiones tan arriesgadas como la concesión de los indultos a los líderes del procés y la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, pactada con ERC, «han avalado la política de acuerdos» del Gobierno de coalición. Por lo que «nadie puede sorprenderse si ahora volvemos a buscar una mayoría allí dónde se ha demostrado que ha funcionado». Con ello vienen a avanzar que Sánchez no tendrá muy en cuenta las líneas rojas que le están poniendo los suyos. Las urnas, explican en Ferraz, han «refrendado» las políticas lideradas por el presidente del Gobierno, ahora en funciones, frente a la opinión de los barones críticos con la dirección socialista.
Tanto es así que Pedro Sánchez, que ya ha demostrado no tener líneas rojas a la hora de alcanzar acuerdos, no tiene previsto convocar un Comité Federal a corto plazo para analizar los resultados. El presidente en funciones ordenó bajar la persiana de la sede federal a las pocas horas de los comicios. Aunque en su equipo explican que «puede ir con la cabeza bien alta a defender su gestión», admiten que «con la encrucijada actual, más de uno tratará la necesidad de alcanzar acuerdos con varios partidos para desestabilizar a la dirección».
Antes del 23 de julio, muchos en el PSOE de los que ahora le imponen líneas rojas a la hora de pactar, ya orquestaban una catarsis que provocase la salida del poder orgánico del secretario general para promover nuevos liderazgos internos. Algo que ha quedado en papel mojado. Los acuerdos que obligatoriamente Sánchez tendrá que firmar si quiere seguir en Moncloa, y el alto precio que Junts y ERC ya le han avanzado que le iban a pedir a cambio de apoyar su investidura, pueden situar al PSOE en una nueva crisis interna entre los partidarios de avanzar hacia la descentralización y un modelo de España federal y los que no quieren ceder más cuotas de poder al separatismo.
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