La Ley de Memoria de Sánchez dice que la II República fue «tolerante» pese a los crímenes desde 1934
Al PSOE se le queda corto el franquismo: impondrá su memoria histórica hasta la Constitución de 1812
El Gobierno creará "itinerarios de memoria" para vincular a Franco con los campos de exterminio nazis
El Ejecutivo gastó 8.000 € en promocionar su ley de desmemoria histórica en un curso de la Complutense
El proyecto de Ley de Memoria Democrática impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez -sometido ahora al trámite de enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados- señala en su preámbulo que la Segunda República fue una etapa «inclusiva» y » tolerante» pese a los miles de crímenes que se registraron entonces, fundamentalmente desde 1934.
En concreto, el citado preámbulo de la controvertida ley dice que hasta la Constitución de 1978 «esos periodos democráticos (los posteriores a las Constituciones de 1812, 1869 y 1931) eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado y una cruenta guerra (…)», recoge el texto, omitiendo, por ejemplo, el levantamiento de octubre de 1934 en Asturias contra el Gobierno radical-cedista por parte de las organizaciones que luego se coaligaron en el Frente Popular.
De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez, integrado por comunistas 80 años después, dibuja falsamente la Segunda República como una época de paz y blanquea las muertes que se produjeron en este periodo, sobre todo, desde 1934 y durante la Guerra Civil en la zona republicana. El historiador Eduardo González Calleja cifra en 2.624 las víctimas mortales de la violencia política en las calles durante los primeros años del régimen de 1931 y hasta julio de 1936, cuando fue asesinado Calvo Sotelo por un pistolero de la Motorizada, la escolta del dirigente socialista Indalecio Prieto.
Tras estallar la Guerra Civil y hasta el año 1939, las muertes en la zona republicana alcanzaron las 60.000, según coinciden diferentes investigadores. El socialista Francisco Largo Caballero, el Lenin español, presidente del Consejo de Ministros entre septiembre de 1936 y mayo de 1937, fue responsable directo del Terror Rojo en el Madrid republicano.
Hace unas semanas, en la enmienda a la totalidad de este proyecto de ley presentada por Vox, la formación de Santiago Abascal denunció que este texto «supuestamente dedicado a la reparación y recuerdo de las víctimas, invisibiliza a las que fueron asesinadas u oprimidas por la izquierda (no sólo durante la Segunda República, como por ejemplo, las decenas de sacerdotes asesinados durante la revolución de Asturias y la Guerra Civil, sino también durante el régimen de Franco: las víctimas del maquis en los años 40 o de los primeros atentados de la ETA en 1960-75), estableciendo una odiosa distinción entre muertos de primera y de segunda».
Así, la tercera fuerza del país cuestiona que el Gobierno socialcomunista haya dejado «fuera los años 1931-36 y sus numerosos casos de violencia política perpetrada muy mayoritariamente por la izquierda».
«Matarlas» otra vez
Además, Vox acusó al Ejecutivo de «invisibilizar a las decenas de miles de personas asesinadas por la izquierda equivale a matarlas por segunda vez». A su juicio, el proyecto de ley defendido por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, «conmemora a los fusilados por el bando nacional, pero no a las aproximadamente 60.000 personas asesinadas por el Frente Popular en 1936-39». Y ello, añade el partido de Abascal, «no sólo con la pasividad, sino a menudo con la participación activa del Gobierno de la República: buena parte de la represión fue canalizada por la Dirección General de Seguridad encabezada por Manuel Muñoz».
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