El futuro gobierno de Andalucía

La ley andaluza que VOX quiere derogar compara el franquismo con el “exterminio” del nazismo

La ley andaluza que VOX quiere derogar compara el franquismo con el “exterminio” del nazismo
La ley de Memoria andaluza compara el franquismo con el nazismo

La autodenominada ‘Ley de Memoria Democrática’ aprobada el PSOE en Andalucía en 2017 compara al franquismo con el nazismo y obliga a que así sea estudiado en los colegios. VOX exige su derogación para apoyar el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos que pondrá fin a 36 años de socialismo ininterrumpido en la Junta.

La ‘Ley de Memoria Democrática’ vigente en Andalucía [lee aquí la ley íntegra] establece una analogía entre el nazismo y el franquismo. En su exposición de motivos, apela al Tribunal de Núremberg que juzgó los crímenes del Tercer Reich y estableció como crímenes contra la humanidad, por tanto imprescriptibles, «el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil (…), constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron».

“En esta línea –expone la ley cuestionada por VOX-, los crímenes cometidos por el franquismo durante todo el período están claramente definidos como crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, ya que consistieron en la comisión de actos de extrema violencia incluidos en las categorías que establece el Tribunal de Núremberg, planificados y ejecutados desde el poder político-militar de forma sistemática y a gran escala”.

A imagen y semejanza del proyecto de reforma de la ley de Memoria Histórica presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, la norma andaluza establece una ‘comisión de la verdad’ denominada, en este caso, Consejo Andaluz de la Memoria Histórica y Democrática. Este organismo es el encargado de “establecer la verdad sobre lo sucedido en Andalucía durante la Guerra Civil y el franquismo” y se regula como “instrumento para la construcción de un relato basado en los principios de verdad, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición”.

Sin historiadores

La ley no contempla en ningún momento que los integrantes de este Consejo sean historiadores. Al contrario, el garante de ‘la verdad’ institucionalizada sobre la Guerra Civil y el franquismo estará compuesto por políticos, cargos públicos y representantes de las subvencionadas asociaciones que han florecido desde que Zapatero puso en marcha su ley de revisión histórica. El artículo 40 los enumera así: “Representantes de la Administración de la Junta de Andalucía, de la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico con mayor implantación en Andalucía, de las entidades memorialistas y de expertos en este ámbito”.

La ‘comisión de la verdad’ andaluza estará compuesta por políticos, cargos públicos y representantes de las subvencionadas asociaciones que han florecido desde que Zapatero aprobó su ley 

La ley que VOX exige derogar a PP y Ciudadanos dedica un capítulo entero al adoctrinamiento en la enseñanza. El artículo 47.1 obliga a incluir la verdad previamente establecida por el Consejo de la Memoria sin historiadores “en el currículo de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas”.

Y, “con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas”, el artículo 47.2 establece que la Consejería de Educación “incorporará a los planes de formación del profesorado la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía”.

También los medios de comunicación están en el objetivo de la ley. El artículo 48 obliga a los medios públicos a realizar “programas divulgativos de debate, documentales y de ficción”. Y, por si no fuera suficiente, se aprobará un manual de estilo “sobre el lenguaje y tratamiento de la información” que deberán utilizar los periodistas y profesionales de los medios.

Naturalmente, la ley andaluza consagra una visión beatífica de la II República, de la que defiende su legado democrático y destaca su reforma agraria, pero calla, por ejemplo, la persecución religiosa o el fraude electoral que permitió el triunfo del Frente Popular en 1936, como han acreditado los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García.

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