Un juez abronca a Marlaska por incumplir una sentencia que le obliga a pagar más a una policía

Llamada de atención del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Dirección General de la Policía por incumplir de forma reiterada una sentencia que le obliga a pagar a una agente la retribución que le corresponde.

El órgano que dirige el socialista Francisco Pardo Piqueras desoye desde hace dos años los requerimientos de los tribunales, que en 2020 sentenciaron que la agente desempeñaba desde hacía varios años funciones propias del puesto de Especialista Policía Científica sin recibir las cantidades reconocidas en el Catálogo de Puesto de Trabajo del Cuerpo de Policía Nacional.

Debido a este desacato, en una diligencia de ordenación del 28 de marzo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sección de Ejecuciones y Extensiones de Efectos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid requiere a la Dirección General de la Policía para que, en el plazo de 10 días, comunique «el nombre y cargo del responsable de la falta de ejecución de la sentencia […] para que proceda a su inmediato cumplimiento y para que formule alegaciones sobre el retraso en dicha ejecución».

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid advierte que, en caso de persistir la desobediencia, se le podrán imponer multas de hasta 1.500 euros, sanciones que se podrán «reiterar hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a las que hubiera lugar». Asimismo, de no comunicarse la autoridad responsable de la ejecución, se entenderá como tal al jefe de la División de Personal, Área de Retribuciones de la Dirección General de la Policía, según consta en la citada diligencia.

Este aviso llega después de que, el pasado 19 de enero, la Justicia ya requiriera a Pardo Piqueras para informar sobre si se había procedido a la ejecución de la sentencia.

Por esta razón, la Agrupación Reformista de Policías, cuyo gabinete jurídico representa a la agente perjudicada, insta al Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska a «tomar cartas en el asunto y a cesar de inmediato esta situación grave de desacato a la justicia».

Años de incumplimiento 

La Dirección General de la Policía ha desoído durante dos años los requerimientos de los tribunales. Fue en mayo de 2020 cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó que la agente de policía, destinada la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante, debía percibir la diferencia entre las retribuciones que había cobrado por el puesto que constaba que desempeñaba y las que realmente le correspondían por el cargo que, en realidad, ejercía.

En la sentencia, a la que también ha tenido acceso OKDIARIO, los seis magistrados de la Sección Séptima consideraron acreditado «de manera suficiente, aceptable y relevante» que la recurrente desempeñó durante cuatro años el puesto de «Especialista de Policía Científica», y no el de «Personal Operativo de Policía», por el que se le abonaban los conceptos retributivos.

Por ello, declararon «el derecho de la actora a percibir las diferencias entre las cantidades percibidas por los conceptos de complemento de destino y complemento específico (componente general y singular) en el periodo de tiempo comprendido desde el 7 de febrero de 2014 hasta el 7 de febrero de 2018, con los intereses legales desde la fecha de la petición en vía administrativa».

Sin embargo, desde entonces han transcurrido dos años y la sentencia todavía no se ha ejecutado, por lo que la Agrupación Reformista de Policías solicita «el cese de funciones al cargo policial» responsable de este incumplimiento. «No podemos admitir la condescendencia e ineficacia de algunos mandos policiales, como viene sucediendo en la Dirección General de la Policía» concluyen desde el sindicato.