La Justicia cree que TV3 formó parte de la cadena de malversación de fondos con destino al 1-O

La Justicia ha puesto su foco sobre la facturación de TV3 y su papel como difusor de mensajes y campañas golpistas. Las diligencias y requerimiento de información no han sido sólo a los distintos departamentos de la Generalitat. Y también se han centrado en los medios públicos catalanes en plena polémica por la aparición de nuevas pruebas sobre malversación y en plena exigencia por parte de Ciudadanos y de Vox de que se someta a control TV3 por medio de un nuevo 155.

Así, se ha solicitado “a la entidad Corporación Gatalana de Medios Audiovisuales copia completa del contrato programa 2017-2020, o el que resultase de aplicación durante el periodo especificado”, así como “cualquier información, documentación, notas, comunicaciones, informes o borradores, facturas recibidas y/o emitidas, así como cualesquiera pagos efectuados con cargo al contrato programa aplicable o cualquiera que sea el título jurídico habilitante de esta entidad desde el I de julio a 30 de noviembre de 2017”.

La exigencia de datos reclama, además, los nombres de todos los responsables de esos pagos t gastos “identificando a los funcionarios, empleados públicos o autoridades responsables de dichas actuaciones”.

Por si fuera poco, se ha pedido “a dicha entidad que le remitan copia de todos los anuncios de publicidad emitidos en TV3 y Catalunya Rádio durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Especialmente los anuncios insertados durante los días 4 a 12 de septiembre de 2017 y por los que se emitió una factura el 14 de septiembre de 20’17, por la cantidad de 93.179,56 € IVA no incluido, así como los insertados durante los días 16 a 29 de septiembre de 2017 y por los que se emitió una factura el 5 de octubre de 2017 por Ia cantidad de 184.624,8 € IVA no incluido”.

Las actuaciones se han realizado justo cuando la Guardia Civil ha certificado otros 3,2 millones malversados en el 1-O, información que surge justo en plena salida del Gobierno, tal y como plasma el más reciente informe entregado a la Justicia por la Benemérita y que ha adelantado ya OKDIARIO. Un informe que acredita nuevos gastos oficiales procedentes de fondos públicos y destinados por la Generalitat con destino a los preparativos y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Otros 3,2 millones malversados

La Guardia Civil afirma en este nuevo informe que “a lo largo de la presente investigación se ha acreditado el concierto de todos y cada uno de los actores independentistas para alcanzar el fin último que se habían planteado decididamente tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015, septiembre, que no fue otro que declarar la Independencia de Cataluña”.

Tras esa afirmación, la Guardia Civil destaca que “en el presente atestado se han cuantificado las cantidades que la Generalitat ha destinado a la celebración del referéndum del 1 de octubre, individualizando los importes en los departamentos concretos que han comprometido gasto, reconocido deuda o incluso, sufragado pagos, pero sin olvidar que el plan no es individual sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada y consensuada por los entonces presidente y sus consejeros y que acabó por definirse tras el acuerdo del 6 de septiembre de 2017 por el Govern que garantizó el referéndum”.

Las cuantías son claras y contundentes como demuestran los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO y que responden a las solicitudes de diligencias realizadas por VOX:

“Se han contabilizado los servicios que han sido solicitados por la Generalitat y realizados por las distintas sociedades reincidentes, por lo que se puede determinar que la Generalitat abonó la cantidad de 1,588 millones de euros y tiene pendiente de abono otros 1,664 millones de euros ascendiendo la suma total destinada al referéndum del 1 de octubre de octubre a 3,269 millones de euros”.

Se trata del enésimo mazazo de la Guardia Civil a las afirmaciones del ya ex ministro Montoro, que aseguraba que no se había destinado dinero público al 1-O. Lo cierto es que este documento es ya el segundo informe que tumba esas palabras y que demuestra que la Generalitat sí usó fondos públicos con destino al golpe separatista.