Junts acepta posponer el referéndum a cambio de la ley de amnistía y reconocer a Cataluña como «nación»
Junts quiere que la amnistía incluya a los 4.000 encausados por el referéndum ilegal del 1-0
Junts ya ha definido de forma nítida sus exigencias definitivas para permitir la investidura de Pedro Sánchez. La formación que lidera desde Waterloo Carles Puigdemont se encuentra en una estratégica formación para negociar el signo del voto de sus siete diputados en el Congreso, cuyos síes son imprescindibles para el socialista. Por ello, los independentistas han venido definiendo durante las últimas semanas las concesiones que exigirán a cambio de estos votos. La ley de amnistía fue el punto de partida, pero quedaba la segunda parte, toda vez que es conocido que el objetivo último de Junts es lograr un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Algo que, por el momento, han decidido posponer.
En el seno de la formación catalana se ha dado un paso en la línea pragmática, dejando de lado por el momento la aspiración maximalista de arrancarle a Sánchez la promesa de un referéndum a corto plazo. Los de Puigdemont asumen que es difícil que el Gobierno socialcomunista se comprometa ya a permitir algo así, de modo que han optado posponer esta aspiración y aparcarla durante la próxima legislatura. Lo hacen a cambio de que Sánchez se comprometa a dar luz verde a la ley de amnistía y a que, como informa OKDIARIO, se reconozca a Cataluña como «nación».
La ley de amnistía que Junts exige a Sánchez para posibilitar su amnistía debe incluir, exponen desde las filas separatistas, a los 4.000 encausados por la organización y celebración del referéndum ilegal del 1-O de 2017, y debe incluir tanto a aquellos que lo han sido por vía penal como a los que han recibido multas de hasta 500.000 euros.
En cuanto al reconocimiento de Cataluña como «nación», se trata de la última opción que Junts ha puesto sobre la mesa en su negociación con el PSOE para permitir su apoyo. Es una fórmula novedosa y que supondría que Sánchez vaya más allá de lo que marca la Constitución, que sólo hace referencia a la «Nación española» y que sí reconoce las «nacionalidades» que conforman España.
Referéndum consultivo
El equipo de Puigdemont asume, de esta forma, la dificultad de conseguir de Sánchez la promesa de un referéndum vinculante -especialmente con tan poco margen, puesto que los socialistas quieren tener cerrado su acuerdo con Junts antes del 4-N-, puesto que es esta una figura que en España sería inconstitucional. Sí que existe una opción alternativa, que no es la aspiración última de Junts pero sí una alternativa que Sánchez puede llegar a ofrecer sin incumplir la Ley, que es la del llamado referéndum consultivo. Es un formato que podría abrir la puerta a un alambicado proceso: consiste en un referéndum no vinculante, es decir, que no obliga a aceptar su resultado. En la práctica, una especie de encuesta a lo grande. Pero es ésta una fórmula que, de momento, ni contenta a Junts ni es lo que ha decidido exigir para la presente negociación, que pasa por ese reconocimiento de Cataluña como «nación».
Se da la circunstancia, además, de que otro partido cuyo apoyo necesita Sánchez para su investidura, el PNV (que ostenta cinco escaños) ha puesto sobre la mesa una propuesta similar en los últimos días. El presidente de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, insistió este pasado fin de semana en medios como La Razón o Radio Euskadi en que quiere «amarrar» el reconocimiento del País Vasco como «nación» antes de la investidura de Sánchez, que el mismo dirigente vasco vaticina que se producirá «sobre la bocina».
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