Melgar admite que a Puigdemont no se le podrá juzgar en rebeldía y defiende reactivar la euroorden

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha admitido este jueves que al prófugo Carles Puigdemont no se le podrá juzgar en rebeldía, por la alta pena de los delitos por los que , previsiblemente, se le procesará.

Asimismo, Melgar ha manifestado que, en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra los principales dirigentes independentistas por el proceso soberanista, la investigación aún está en una «fase incipiente» y «no está clara la tipificación final de los hechos».

También es pronto para considerar, como hace la Guardia Civil en sus informes al instructor Pablo Llarena, que se trate de un caso de «delincuencia organizada», según ha explicado durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

No obstante, ha apuntado que «por esencia» los delitos de rebelión o sedición son colectivos y pluripersonales.

Lo que sí considera «factible» el fiscal general son los plazos que, según han reflejado los medios de comunicación, maneja el Supremo para que la instrucción de este caso pueda concluir antes de verano y poder celebrar juicio este mismo otoño.

En el turno de preguntas de los periodistas, Sánchez Melgar ha sido más categórico al afirmar que el ex presidente Carles Puigdemont, que actualmente se encuentra fugado en Bélgica, «no puede ser juzgado en rebeldía», es decir, sin estar presente en el juicio, entre otras razones porque previsiblemente se pedirán para él penas superiores a los dos años de prisión y esta circunstancia lo descarta legalmente.

Sánchez Melgar ha calificado de «paradoja» la situación actual de Puigdemont, y ha recordado que en sus más de 35 años de experiencia profesional nunca había asistido a una circunstancia como la actual.

«He conocido huidos, prófugos, pero nunca a un fugado que se supiera exactamente donde estaba, que nos anunciara sus movimientos», ha manifestado.

Otra de las paradojas tiene que ver con la reactivación de la euroorden que la Fiscalía solicitó con ocasión del viaje del ex presidente a Copenhague, y que no fue aceptada por el magistrado instructor.

Durante su intervención ha justificado la petición del Ministerio Público, que fue limitada a Dinamarca y únicamente por los delitos mayores, los de rebelión y sedición, con el fin de evitar asimetría en el enjuiciamiento con respecto de los investigados en España.

«No veíamos factible que en un enjuiciamiento hubiera unos cuantos encausados por graves penas y una persona que podría ser el director de todos ellos esté acusado de un delito con una pena inferior», ha añadido, par a apuntar que tampoco imagina una rebelión juzgada conjuntamente con una desobediencia o una prevaricación.

Actuar contra ANC y Òmnium

En otro momento, el fiscal general del Estado ha sido preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía inste la suspensión de actividades de la ANC y Òmnium Cultural, a lo que ha respondido que su departamento no lo contempla de momento.

Sobre las declaraciones de este miércoles de la ex diputada de la CUP Mireia Boya, que afirmó en el Supremo que la declaración unilateral de independencia (DUI) no fue simbólica, Sánchez Melgar ha señalado que el Ministerio Público las está valorando y aún no puede decir que puedan tener trascendencia inmediata en el proceso.