El juez ya investiga a Irene Montero por el uso de una alto cargo como niñera

El juez que investiga las irregularidades contables de Podemos ha abierto una pieza separada para esclarecer el uso que Irene Montero, ministra de Igualdad, ha hecho de su jefa de gabinete adjunta como niñera. Teresa Arévalo, que ya realizó la misma función mientras desempeñaba cargos orgánicos en Podemos, fue designada alto cargo por la ministra tras la formalización del Gobierno de coalición. Arévalo, sin titulación alguna, cobra 51.946 euros anuales.

El tema de la niñera de Irene saltó a la luz pública tras una denuncia de la ex jefa de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que aportó al juez documentación que acreditaría cómo Montero usaba a Arévalo como cuidadora de sus hijos mientras desempeñaba cargos de responsabilidad en la formación morada.

Hace unas semanas la fiscal del caso Neurona, adscrita a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, se dirigió al juez Juan José Escalonilla, titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Plaza Castilla que investiga las irregularidades contables de Podemos, para pedir «la incoación de pieza separada en relación a los nuevos hechos denunciados» por Mónica Carmona, responsable de cumplimiento normativo de Podemos hasta que fue despedida.

Sobre el uso indebido de personal del partido o del Ministerio para servicio doméstico, el documento recoge: «Dentro de la contratación fraudulenta de los gastos de campaña [Mónica Carmona] refiere que Irene Montero habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos. Aporta documentación relativa a que Irene Montero viajó con su hija y Teresa Arévalo para un acto de campaña. Igualmente refiere que tuvo a otra persona miembro del partido que según la noticia actuaría como escolta de Irene Montero». Cabe recordar que Arévalo es la secretaria de Política de Cuidados de Podemos dentro de la cúpula del partido, el Consejo Ciudadano Estatal.

Cobro de costas

Además, el magistrado abre diligencias por «el presunto cobro de Pablo Iglesias de las costas procesales dimanantes del procedimiento del juicio ordinario tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona».

«Dentro de los expedientes relativos a la administración desleal refiere cobro de costas por parte de responsables del partido que habían sido defendidos no por abogados particulares sino del partido», relató la Fiscalía. En particular, como ha podido saber este periódico, trabajadores del partido constataron que las costas a favor de la formación morada que dictó un juez de Navarra por un pleito con Yolanda Barcina, presidenta foral (UPN), nunca llegaron a las arcas de Podemos y, por tanto, pasaron directamente a Iglesias. Ese litigio fue al comienzo de la andadura de Podemos cuando el líder morado acusó de corruptos a Unión del Pueblo Navarro.

También abre una cuarta investigación con el dinero desviado a fundaciones vinculadas a Rafael Mayoral y Juan Carlos Mondero. «Respecto a la donación efectuada el partido político Podemos a la Escuela Popular Paulo Freire a través de la fundación de dicho partido, Instituto 25M, así como e igualmente respecto a las donaciones efectuados por dicho partido político a dicha fundación», señala el instructor.