Un juez de Sevilla lleva a un ex ministro de Zapatero a la Audiencia Provincial por alzamiento de bienes

El juez titular número 7 de lo Penal del Tribunal de Sevilla ha acordado dirigir una exposición razonada a la Audiencia Provincial para que sea este tribunal superior quien asuma el conocimiento y fallo de la causa penal seguida contra Bernat Soria, ex ministro de Sanidad del segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y sus dos hijas, acusados de un delito de alzamiento de bienes.

El auto, que desvela OKDIARIO, está firmado por el magistrado Luis Javier Santos Díaz. Concluye que la pena solicitada por la acusación particular —entre dos y seis años de prisión— excede la competencia objetiva de su órgano.

La resolución pone fin a medio año de incertidumbre procesal y supone un nuevo eslabón en una cadena judicial que arrancó hace más de cinco años con una sentencia civil y que todavía no ha llegado a juicio oral. La acusación denuncia la tardanza a la hora de resolver una cuestión sencilla y apunta a un posible conflicto de interés por amistades con el tribunal.

La empresa afectada, Vegetal Green SL, ejerce la acusación particular a través de su abogado. La defensa de los acusados corre a cargo de dos letrados.

Alzamiento de bienes

El origen del litigio se remonta al 31 de mayo de 2021, cuando el Juzgado de Primera Instancia nº 27 de Sevilla dictó sentencia firme condenando a Bernat Soria al pago de más de 400.000 euros, más 120.000 euros adicionales tasados para intereses y costas.

Durante la ejecución de esa sentencia civil, el juzgado declaró la insolvencia del deudor tras constatar que «los activos de los que disponía habían sido transmitidos a sus hijas sin justificación económica o empresarial».

Esa constatación llevó al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla a acordar, en septiembre de 2022, la continuación de las diligencias penales al apreciar «indicios racionales de un delito de frustración de la ejecución».

Desde entonces, el único mecanismo de cobro activo ha sido un embargo parcial sobre la pensión del ex ministro, con cuotas de aproximadamente 700 euros mensuales, un ritmo que prolongaría la cancelación de la deuda durante décadas, mientras los intereses y costas han elevado el importe total a más de 520.000 euros.

La acusación particular sostiene que Soria y sus hijas han incurrido en los supuestos de los artículos referentes a alzamiento de bienes del Código Penal, en relación con el artículo que prevé el subtipo agravado vinculado a la estafa.

Es precisamente esta remisión a una posible estafa la que desencadena el problema de competencia: la posible pena resultante —prisión de dos a seis años— rebasa el umbral de cinco años que marca la frontera entre la jurisdicción del juzgado de lo penal y la de la Audiencia Provincial.

El juez aplica la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en la materia —con sentencias que se remontan a 1992 y llegan hasta 2018, así como un  Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Segunda de 2010— para subrayar que la competencia se determina por «la pena en abstracto prevista para la concreta infracción», y no por la pena concretamente solicitada por las acusaciones.

Deuda y presión extrajudicial

La desesperación del acreedor ha trascendido lo estrictamente judicial. El 2 de marzo de 2026, la sociedad afectada suscribió en Madrid un contrato con El Cobrador del Frac para intentar recuperar extrajudicialmente una deuda de 365.000 euros recogida en el contrato vinculada a la citada sentencia.

A cambio de una provisión inicial de 1.250 euros más IVA y un plazo de gestión de dieciocho meses, la empresa queda facultada también para comunicar la deuda al archivo de morosos de Inforfrac SA, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. En los próximos meses esa empresa deberá dar parte de los resultados obtenidos tras el encargo.

El administrador de Vegetal Green ha descrito al acreedor como «un empresario ajeno a la política, que denuncia haber sufrido graves daños económicos y profesionales al no poder ejecutar durante años una deuda reconocida judicialmente».

Desde la acusación se ha reclamado públicamente «un impulso efectivo del procedimiento para evitar que quede indefinidamente paralizado», y ha calificado la situación de «dilación indebida que agrava el perjuicio causado al acreedor».

Bernat Soria Escoms ocupó la cartera de Sanidad y Consumo entre julio de 2007 y abril de 2009. Catedrático de Fisiología e investigador reconocido en el campo de las células madre, su nombramiento como ministro fue acogido con expectación en el ámbito científico, que luego pasó a desencanto. Tras su salida del Ejecutivo, ha compatibilizado actividades académicas y empresariales.

Si ninguna de las partes lo impugna —o si el superior lo confirma—, el expediente abandonará la planta de lo penal del Tribunal de Instancia y comenzará su periplo ante un tribunal colegiado. Para un ex ministro cuya insolvencia declarada convive, según fuentes citadas por la prensa, con fotografías de vacaciones navideñas en Suiza, el traslado a la Audiencia no cierra el caso: lo eleva un piso más.