La juez que pone en libertad a los Jordis es pareja de un contratista de la Generalitat

La juez que ha facilitado la salida de prisión de los golpistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart es la pareja de un contratista habitual de la Generalitat, según desvela este fin de semana Economía Digital.

La Generalitat ha recurrido a un subterfugio legal, el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, para otorgar un régimen de semilibertad a la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los ex presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Esta medida implica que podrán abandonar la cárcel cinco días a la semana, de lunes a viernes, y sólo tendrán que regresar a prisión para dormir. Todo indica que el resto de golpistas condenados por el Tribunal Supremo seguirán pronto el mismo camino.

Esta fórmula legal, prevista sólo para casos excepcionales, tiene una ventaja añadida para los golpistas: no puede ser denegada por el Tribunal Supremo, ya que todavía se encuentran en segundo grado.

La Fiscalía se ha opuesto a la aplicación del artículo 100.2 para los Jordis, aprobada por la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners. Sin embargo, el recurso de la Fiscalía ha sido rechazado por la titular del Juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 Cataluña, María Jesús Arnau Sala.

Según desvela este sábado Economía Digital, la pareja de la juez María Jesús Arnau es Ramon Serra Masip, un contratista habitual de la Generalitat. Este empresario precise actualmente Urbicsa Urbs Iudex Et Causidicus SA, la sociedad a la que la Generalitat adjudicó el contrato público para el mantenimiento de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

En una UTE con otros socios, la empresa de Ramon Serra también tiene encomendada la comercialización de los locales y aparcamientos del complejo judicial de Barcelona.  Serra también es miembro del Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña, un órgano colegiado compuesto por «catorce expertos independientes de reconocido prestigio» que colaboran con la Generalitat.

Los golpistas del 1-O tienen así todo a su favor para acceder al «tercer grado encubierto», a través de la aplicación del artículo 100.2, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez baraja la posibilidad de modificar el Código Penal para que su condena por sedición quede reducida a la nada.