El juez ofrece personarse a la familia del turista que murió en los disturbios de Tsunami

El juez que investiga por terrorismo al grupo violento Tsunami, Manuel García-Castellón, ha ofrecido a la familia del turista francés fallecido de un infarto en el marco de los disturbios de 2019 en el aeropuerto de El Prat personarse en la causa en la que están imputados Marta Rovira, Carles Puigdemont y otros independentistas. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 quiere saber si esas protestas por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés influyeron en el fallecimiento. Además, ha requerido información a diversos organismos internacionales sobre ese ataque para determinar si su entidad merece la calificación de terrorismo.

El juez recuerda las afirmaciones a la prensa de la hija de Scherzinger en las que declaró que cree «que las circunstancias que se dieron en el aeropuerto influyeron en la dolencia cardiaca de su padre» hasta el punto de que llegó a decir que «su muerte fue a causa de esto». Por tanto, el juez sostiene que corresponde «realizarse el oportuno ofrecimiento de acciones a la familia del señor Scherzinger, con información de qué es lo que pueden hacer, y de qué modo, como la necesidad de obtener la declaración de Francine Scherzinger (su mujer, que iba con él ese día), para conocer, de primera mano qué sucedió». Para ello ordena contactar con las autoridades francesas.

Además, García-Castellón se ha dirigido a la OTAN, a la Unión Europea, al Ministerio de Transportes, al Servicio de Emergencias Médicas (SEM), al 112 y al Hospital de Bellvitge para recabar más datos sobre esos hechos que el Gobierno de Pedro Sánchez planea amnistiar. Pide «todas las incidencias médicas contabilizadas» en las protestas de Tsunami y, en particular, «todos los registros que tengan en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento de Jean Claude Scherzinger». Al citado centro hospitalario ese turista francés llegó en helicóptero desde el aeropuerto de El Prat y falleció. García-Castellón pide todo el historial médico completo de ese ciudadano.

El juez del caso Tsunami también se dirige a la Junta Electoral Central, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Delegación del Gobierno en Cataluña, a la Guardia Urbana y a la Guardia Civil para tener más datos sobre la incidencia de los disturbios en las elecciones generales que se llevaron a cabo días después, el 10N.

8.000 manifestantes

En el auto, el magistrado remarca que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat se enmarca en delitos de terrorismo porque se trata de un hub aéreo, considerado por tanto «infraestructura crítica», con cuyo «bloqueo» se perseguía «desestabilizar gravemente el funcionamiento (…) de las estructuras económicas o sociales del Estado».

En un texto de 31 páginas, el juez expone lo que sucedió esa jornada. Así, subraya que todo arrancó con una convocatoria de Tsunami por redes sociales: «Todo el mundo al aeropuerto». Una petición,  enfatiza, que se convirtió en 8.000 manifestantes a las instalaciones de El Prat con el objetivo de «detener la actividad del aeropuerto de Barcelona».

Por otra parte, el auto judicial refleja informes policiales en los que se detalla que «se consiguió bloquear la entrada y salida de personas de vehículos de la Terminal 1», que «quedó totalmente inutilizada». Describe que «los asaltantes accedieron a la zona de embarque, lograron asentarse delante de las puertas para acceder a los aviones, impidiendo el acceso de los pasajeros a los mismos, y consiguieron bloquear la torre de control aéreo de El Prat».

Sobre esto último, agrega que, si las fuerzas de seguridad no hubieran conseguido desalojar a las personas la situación hubiera sido más grave. A través de la carretera que lleva a la torre de control aéreo, los activistas querían impedir el relevo de los controladores aéreos. Esto hubiera acarreado «un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional».

«La acción puso en peligro la seguridad del aeropuerto», concluye el juez de la Audiencia Nacional. Se puso en peligro la «seguridad aérea», con «un peligro claro tanto para la integridad de los policías, como para la de los propios asaltantes, cuando se llevaba a cabo el lanzamiento indiscriminado de objetos desde todas partes», un peligro «extensible a los viajeros» y que «pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean Claude Scherzinger».

Informe forense

En este punto, aunque los juzgados de Cataluña que investigaron el fallecimiento y el informe forense hablan de muerte natural por una afección cardiaca, se cita indirectamente que las protestas tuvieron importancia en el deceso. El documento de los forenses habla también que «el diagnóstico de esta categoría está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte». «Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto», aclara García-Castellón.

Daños económicos

El juez analiza los cuantiosos perjuicios económicos ocasionados por Tsunami, cifrándolos en al menos 1.793.018,25 euros, en base a las valoraciones enviadas por el Ministerio de Transportes y las propias compañías aéreas a la Audiencia Nacional.

Así, «Vueling fue la más afectada», con un daño económico de 978.000 euros, por los 169 vuelos cancelados ese día, a los que se suman los 815.018,25 euros señalados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por los daños materiales y el lucro cesante, aunque apunta que AENA elevó esa cifra a 1.217.595 euros.

Petición a ENAIRE

En relación con esto, el juez pide más datos a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA); y a la OTAN, a través del comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para que aclaren las incidencias registradas ese día en El Prat y en el tráfico aéreo nacional e internacional.

Para finalizar, el instructor agrega que «la investigación ha permitido comprobar que Tsunami Democràtic trató de influir en el proceso electoral», de modo que «el día 1 de noviembre de 2019, con motivo de las Elecciones Generales previstas para el día 10 de noviembre, convocó a través de Twitter y Telegram a sus seguidores a desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC)». Por ello, pide a la JEC y al Guardia Civil todas las actuaciones realizadas en relación con el cumplimiento de la Ley Electoral (LOREG).