El juez manda a juicio a los hermanos Pérez-Maura por el ‘caso Villarejo’ y les pide 55 años de cárcel y 50 millones

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 29/07/2026 13:35
  • Actualizado: 29/07/2026 14:20

El juez Antonio Piña manda a juicio a los hermanos Ángel y Álvaro Marcelino Pérez-Maura García y les piden 55 años de cárcel y 50 millones de euros por la pieza 4 del caso Villarejo. El juez investigaba en este caso el Proyecto PIT, un encargo realizado en 2016 por el empresario naviero Ángel Pérez Maura al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el que habría cobrado más de 7 millones de euros.

OKDIARIO ha tenido acceso al auto de apertura del juicio oral dictado el pasado 15 de julio en el que el juez acuerda procesar a José Manuel Villarejo Pérez, su abogado y colaborador Rafael Redondo Rodríguez, Adrián de la Joya Ruiz de Velasco, Enrique Maestre Cavanna, Antonio Bonilla Martínez, los hermanos Ángel y Álvaro Marcelino Pérez-Maura García y la mercantil familiar A. Pérez y Cía. 

Ángel Pérez-Maura, directivo del Grup Marítim TCB, estaba afectado desde abril de 2016 por una orden internacional de detención con fines de extradición dictada por la justicia guatemalteca, que le atribuía asociación ilícita, cohecho activo y fraude en relación con la concesión irregular de la terminal de contenedores de Puerto Quetzal (Guatemala), obtenida presuntamente mediante pagos millonarios a altos cargos del Gobierno.

Según las acusaciones, el empresario acudió a Villarejo para resolver su problema penal. El 20 de abril de 2016 Maestre Cavanna trasladó a Villarejo y a Adrián de la Joya Ruiz de Velasco como «oportunidad de negocio». Fue en ese momento cuando se creó una estructura —el autodenominado Equipo de la Torre, dirigido por Villarejo e integrado también por Redondo, Bonilla y el fallecido Armando Mateo Flandorfer— destinada a resolver el problema de Pérez-Maura.

Actuaron sobre tres frentes: en Guatemala para neutralizar el procedimiento, en Estados Unidos para evitar la apertura de un procedimiento por los flujos económicos del caso y en España para condicionar la eventual extradición actuando sobre autoridades judiciales y policiales en España.

El 28 de abril de 2016 Álvaro Pérez-Maura, con la conformidad de su hermano, contrató en nombre de Pérez y Cía con CENYT (sociedad controlada por Villarejo) y con Stuart & McKenzie, comprometiéndose pagos de hasta diez millones de euros.

Los escritos de acusación

La Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación en el que califica los hechos como delito continuado de cohecho pasivo propio contra Villarejo y Redondo como autores, y contra Maestre y Bonilla como cooperadores necesarios. Además, impone un delito de cohecho activo de particular contra los hermanos Pérez-Maura y contra Pérez y Cía; cuatro delitos de falsedad continuada en documento mercantil; descubrimiento y revelación de secretos contra Villarejo, Redondo, Bonilla, los Pérez-Maura y la sociedad; desobediencia de funcionario público contra Villarejo, con Redondo y Ángel Pérez-Maura como cooperadores; y trece delitos contra la Hacienda Pública. 

El representante del Ministerio Público también pide seis años de prisión para Villarejo por el cohecho (con decomiso de 6.891.271 euros) y seis años para cada hermano Pérez-Maura por el cohecho activo, además de penas de hasta cinco años y tres meses por cada delito fiscal agravado. Las indemnizaciones podrían alcanzar los siete millones de euros.

La Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, también acusa a los siete encausados como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil (tres años de prisión y multa para cada uno) y a los hermanos Pérez-Maura y a Pérez y Cía de once delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (2016-2018), el IVA (2016-2017), el IRPF de Ángel Pérez-Maura (2016-2017) y los ingresos a cuenta del IRPF omitidos por la sociedad, con penas de cuatro a seis años de prisión por delito.

La acusación popular, ejercida por APM Terminals España Holdings, también reclama a Ángel Pérez-Maura indemnizaciones a la Hacienda Pública de 1.282.803 y 8.243.009 euros a su empresa Pérez y Cía, así como el decomiso de los diez millones comprometidos a CENYT y Stuart & McKenzie y de los pagos a Maestre (5.973.207,92 €) y De la Joya (2.304.118,90 €).

El auto requiere fianzas de 1.148.996 a Ángel Pérez-Maura y de 8.243.012 solidariamente a ambos hermanos y a Pérez y Cía. Además, se mantienen las medidas cautelares y emplaza a las defensas a que se pronuncien en un plazo de diez días.