El juez que investiga la ‘caja B’ de Podemos planteará la imputación de Mayoral tras escuchar a la cúpula

El juez Juan José Escalonilla no ha imputado a Rafael Mayoral pese a ser el cabecilla de la ‘caja B’ de Podemos porque, debido a su condición de aforado, debería realizar una exposición razonada y elevarla al Tribunal Supremo, órgano competente, según cuentan fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO.

El instructor escuchará por tanto antes a la cúpula imputada: Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias; Rocío Val, la gerente de la formación; el tesorero, Daniel de Frutos; y la responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Tras estas declaraciones, decidirá si eleva al Alto Tribunal los posibles hechos delictivos realizados por parte del diputado podemita.

El cabecilla de la ‘Caja B’

En la denuncia presentada ante la Guardia Civil por el ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el letrado apuntaba a una «‘Caja de Solidaridad’» que era utilizada como «‘caja B’ de Podemos para cubrir gastos opacos».

La denominada ‘Caja de Solidaridad’ fue creada por Podemos en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, como secretario Social Civil y Movimiento Popular del partido con la finalidad de, según su reglamento de constitución, «construirse como una herramienta que posibilite una respuesta y acercamiento a las necesidades de la ciudadanía, tejiendo redes con diferentes colectivos y con los sectores populares en un proyecto de lucha conjunta por la justicia social en clave de solidaridad y construcción de movimiento popular».

Pero la realidad era bien distinta. El abogado purgado detectó irregularidades por parte de Mayoral en la utilización de estos fondos, procedentes supuestamente de donaciones mensuales de los cargos públicos estatales del partido. El diputado de Podemos, según señala el denunciante, la utilizaba como una ‘caja B’ para «realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios a supuestas entidades opacas y sin identificar».

Sociedad opaca

El abogado cuenta en su escrito, de 45 páginas, que estas sospechas de irregularidades en las cuentas aparecieron al apreciar una petición de 50.000 euros a una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular sin que constasen datos imprescindibles como la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formulaba la petición del dinero.

Calvente explica en la denuncia que tras «investigar en Internet a #404 Comunicación Popular» descubre «que parece estar controlada por Cristian Luis Navarro Marrero, que curiosamente trabaja como asistente local (en España) de la agrupación de Podemos en el Parlamento Europeo».

Asegura que Navarro Marrero está «vinculado a la eurodiputada Idoia Villanueva Ruiz», sin embargo, – siempre según la versión del denunciante– en realidad su actividad laboral es asistir a Rafael Mayoral, a quien acompaña en sus desplazamientos. Un ejemplo es el viaje que Mayoral y el asistente realizaron juntos a Sao Paulo (Brasil) el día 21 de noviembre 2019, tras las elecciones de noviembre en ese país. Calvente aporta pruebas en cada una de sus acusaciones para demostrar la veracidad de su relato. Por ello, en la denuncia adjunta en el escrito los billetes de avión utilizados para dicho desplazamiento.

El asesor Cristian Luis Navarro se presenta en la página web de Podemos como un chico de barrio que nació en Las Palmas de Gran Canaria y desde los 18 años vive en Madrid. Es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un máster en Desarrollo Territorial.

Compañía opaca

En la cuenta de Twitter de la asociación #404 Comunicación Popular ésta se define como «un proyecto de comunicación al servicio del movimiento popular y la defensa de los DDHH. Porque si tú no lo cuentas, lo contarán por ti», pero no ofrece datos de registro o identificación oficial.

En esta red social presumen de tener una página web pero la misma carece de avisos legales, de información del titular e información sobre política de privacidad a pesar de disponer de un formulario de recogida de datos. Es por ello que el instructor ha solicitado a la Policía Judicial un informe detallado sobre dicha asociación.

Otros imputados

Mayoral mantiene una estrecha relación con el resto de imputados. Rocío Val fue nombrada como gerente de Podemos en enero de 2019 «por su relación de amistad con su socio en la cooperativa Kinema, Rafael Mayoral».

El diputado de Podemos es el fundador de la cooperativa Kinema, de la que Rocío Val era vicepresidenta antes de ser nombrada gerente de la formación morada. Esta empresa presta los servicios de gestoría laboral a Podemos desde el 2014 sin licitación previa del servicio.

El letrado que desveló la financiación irregular de Podemos señala en su escrito que «la gerente ha bloqueado desde su nombramiento a principios de 2019 la licitación del servicio de la gestoría del partido, incumpliendo así la ley y la normativa interna de contratación del partido, en beneficio de su anterior empresa y perjudicando los intereses económicos de Podemos».

Según la página web de Podemos, la única licitación que se ha publicado es de las obras de la nueva sede de la formación. Un extremo que el magistrado también está investigando porque el proyecto fue adjudicado inicialmente por 600.000 euros, pero el importe de los trabajos terminó superando los 1,4 millones de euros. Además, según adelantó OKDIARIO, estas obras se iniciaron antes de que finalizase la licitación.

Juanma del Olmo es –según se expone en la denuncia– íntimo amigo de Rafael Mayoral y actúa como su persona de confianza dentro de la estructura interna de Podemos.