La juez exige a Puigdemont y sus consejeros abonar una fianza de 6,2 millones antes de 3 días

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado fijar una fianza solidaria de 6.207.450 euros a Carles Puigdemont y a los miembros de su Govern que deberán depositar en el plazo de tres días con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra.

La magistrada se ha declarado competente y ha admitido a trámite la querella por rebelión, sedición y malversación presentada este lunes por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Como primera diligencia, la magistrada ha acordado la citación de los 14 exmiembros del Govern en calidad de investigados para el próximo jueves 2 de noviembre a las 9:00 horas y el viernes 3 de noviembre a la misma hora.

La magistrada precisa que declararán como investigados y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, para valorar «la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los querellados».

La fianza millonaria exigida por la magistrada tiene el objetivo de cubrir las responsabilidades económicas derivadas del presunto delito de malversación que se investiga.

Según la querella de la Fiscalía General del Estado, los querellados “han dispuesto de ingentes caudales públicos para llevar a término el referéndum ilegal, por lo que también habrían podido cometer el delito de malversación”.

Su conducta, añadía el Ministerio Público, “puso en marcha un procedimiento que ha generado un importante gasto público, estando el mismo orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional, y por consiguiente, ontológicamente ajenas a la función pública”.

José Manuel Maza. (Foto: EFE)

“Los miembros del Govern”, afirmaba la querella, “no podían desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conllevaba necesariamente el uso ilegal de fondos públicos. Con su actuación el Govern ha dispuesto de fondos para llevar a cabo su plan secesionista”.

“Con su actuación”, sostenía la Fiscalía, “los querellados han posibilitado la realización de pagos para llevar a cabo un acto no ya contrario a Derecho, sino constitutivo de delito en tanto vulnerador de la declaración de inconstitucionalidad acordada por el Tribunal Constitucional. Habiéndose preordenado los gastos a la consumación de un acto delictivo, cabe afirmar que los gastos generados han sido deliberadamente y ab initio destinados a un fin radicalmente ajeno a la función pública”.