El juez eleva a 11,5 millones las mordidas que cobró Jordi Pujol jr. en sólo siete años
Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat, cobró al menos 11,5 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos adjudicados a distintas empresas. Esta cifra corresponde sólo al periodo comprendido entre 2005 y 2012.
El primogénito de los Pujol y su ex mujer, Mercé Gironés, cobraron estas comisiones a través de varias sociedades patimoniales y de cuatro testaferros, según enumera el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata autoriza los registros efectuados el martes en varias viviendas de la familia del ex president.
El magistrado señala que Pujol Ferrusola y Mercé Gironés se sirvieron de «sociedades instrumentales» cuya finalidad era «canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero», informa Efe.
En su declaración ante el juez, los empresarios implicados justificaron estos pago atribuyéndolos a supuestos servicios de asesoramiento prestados por Jordi Pujol junior. Sin embargo, el juez descarta esta tesis y sostiene que se trataba de comisiones ilegales por la mediación del hijo del ex president en la «explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico».
Entre las empresas que pagaron los presuntos sobornos se encuentra la constructora Copisa, indica el auto judicial. Mercé Gironés compró un terreno en Palamós por 217.000 euros y tres años después lo vendió a esta empresa por 4,8 millones, un precio muy superior al de los solares colindantes.
El juez menciona a cuatro personas (José de Alba, Juan José Baró, Antonio Ziorzano y Juan Manuel Rosilló) que pudieron haber actuado como testaferros de Pujol Ferrusola para manejar sus fondos depositados en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá.
Desvió el dinero a Panamá y EE.UU.
El hijo mayor de los Pujol «faltó claramente a la verdad» cuando dijo al juez que no tenía cuentas en otros países y realizó una «clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia» comprando una shell company (empresa sin actividad) en Panamá, a la que transfirió todo su dinero de Andorra y luego lo envió a México, indica el auto judicial.
De esta manera, explica el juez, consiguió evitar que la justicia española le embargara 2,4 millones de euros. El magistrado presta especial atención a la sociedad inglesa Brantridge Holdings, que para el instructor es una empresa «instrumental puesta al servicio de Jordi Pujol Ferrusola» por parte del gestor británico Herbert Arthur Rainford.
Constructoras como FCC y EMTE hicieron transferencias de divisas a la sociedad inglesa justificando ese dinero con facturas falsas, lo que lleva al juez y a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que se trataban realmente de «comisiones ilegales».
Pujol Ferrusola hizo un negocio casi 5 millones de euros gracias FCC: Esta constructora se hizo con los derechos de explotación de un vertedero adquirido por una sociedad en cuyo capital entró y salió Pujol Ferrusola en un espacio de dos años. En ese tiempo, el primogénito pasó de comprar por menos de 300.000 euros a vender su participación por 5,2 millones, justo una semana antes de que FCC comprara todo el capital.
La empresa instrumental inglesa también le servía para desviar el dinero que tenía en Andorra, sostiene el juez, como es el caso de los 705.662 dólares procedentes del Principado que se enviaron a una cuenta de Brantrige en Estados Unidos. A nombre de esa sociedad británica figura un inmueble de más de 4 millones de libras ubicado en Londres y que pudo adquirir Jordi Pujol hijo con dinero de procedencia sospechosa.
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