El juez desbloquea las cuentas del primo del Rey acusado de blanqueo, que promete ayudar en la investigación

Francisco de Borbón von Hardenberg, aristócrata y empresario implicado en una de las mayores macrocausas recientes contra el narcotráfico en España, ha logrado que la Audiencia Nacional le devuelva el acceso a sus cuentas bancarias tras un auto judicial fechado el 17 de febrero consultado por OKDIARIO.

La resolución refuerza la estrategia de su defensa penal, que desde el principio ha sostenido que la actividad económica de su cliente ha sido «en todo momento, lícita y ajena a cualquier conducta irregular».

La investigación judicial, instruida en la Audiencia Nacional, sitúa al aristócrata dentro de una trama que tiene como figuras centrales al presunto líder de la red y a un ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, sobre quienes recaen las acusaciones más graves: la introducción masiva de cocaína en España por toneladas y la gestión de grandes sumas de dinero ocultas en, entre otros lugares, paredes de su chalet.

Sin embargo, el papel de Francisco de Borbón dentro de esta estructura aparece vinculado a sociedades mercantiles en las que, según su defensa, su accionariado era minoritario y cuya actividad era legítima.

El juez instructor acordó su puesta en libertad bajo fianza tras su detención, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas, descartando así la prisión preventiva. Una decisión que, en términos jurídicos, refleja que el papel del investigado en la presunta trama no está aún plenamente delimitado.

Defensa penal

La representación legal del investigado corre a cargo del despacho Ospina Abogados, dirigido por el penalista Juan Gonzalo Ospina, especializado en delitos de blanqueo de capitales. Su estrategia gira en torno a demostrar la ausencia de conocimiento o de control sobre el uso que terceros pudieron hacer de determinadas estructuras mercantiles.

El propio Francisco de Borbón ha negado públicamente cualquier vinculación con actividades ilícitas y ha asegurado haber colaborado «plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos». Según su entorno, ha aportado toda la información disponible y se ha mostrado dispuesto a declarar «cuantas veces sea necesario».

Uno de los argumentos más escabrosos de la defensa apunta a que algunas de las entidades con las que se vincula al investigado «ni siquiera contaban con licencia bancaria ni operativa real», lo que, en su argumentación, «imposibilitaría que se hubieran utilizado para blanqueo efectivo».

Presunción de inocencia

El auto del 17 de febrero que levanta el bloqueo de sus cuentas ha sido interpretado por la defensa como un espaldarazo a esta tesis, al poner de manifiesto, según las fuentes del procedimiento, «la escasa o nula participación económica» del aristócrata en los hechos señalados por la UDEF.

La causa, en fase preliminar, se apoya fundamentalmente en indicios y relaciones societarias. El juez tiene previsto escuchar en profundidad el testimonio del investigado, una diligencia que podría resultar determinante para delimitar responsabilidades.

Empresario con actividad internacional y vinculado a proyectos de inversión y filantropía, la trayectoria pública de Francisco de Borbón antes de esta causa no presentaba ninguna relación con entornos criminales, un contexto que su defensa utiliza para reforzar la tesis de que pudo verse envuelto en una investigación compleja sin conocer el alcance real de determinadas operaciones financieras.

Como recuerdan los juristas, una imputación no equivale a culpabilidad. En el caso de Francisco de Borbón, la devolución de sus cuentas el pasado 17 de febrero puede leerse como algo más que un trámite administrativo: es, por ahora, la primera grieta visible en el muro de la acusación.