Jueces para la Democracia no ve «cambio de postura» de Sánchez en el apoyo «razonable» a Llarena

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), una de las asociaciones progresistas que la pasada semana no habían valorado que el Gobierno no hubiera anunciado apoyo alguno a Llarena en Bélgica, asegura ahora que la actuación de Sánchez es «razonable», ya que «es algo que puede afectar a la soberanía del Estado». Para esta asociación, no ha habido «cambio de postura» por parte del Gobierno.

Una valoración de la asociación judicial que se produce después de que hoy mismo la ministra de Justicia, Dolores Delgado, haya aclarado que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, algo que pasa también por «defender la actuación jurisdiccional» del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

JJpD ha sido la asociación que más ha hecho esperar su reacción, que llegó finalmente ayer con un comunicado en el que consideraban que la actuación del Ministerio de Justicia ante la demanda interpuesta por parte del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers a Llarena, que instruye la causa del «procés», es «correcta y ajustada a derecho».

Paralelamente, expresaban su «rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales para lograr el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones».

Según Gutiérrez, desde su asociación entendieron «que al principio no hacía falta exigir al Gobierno algo que ya iba a llevar a cabo» y decidieron esperar igualmente a tener conocimiento del contenido de la demanda interpuesta en Bélgica. Tal y como ha indicado el magistrado de JJpD, desde la asociación profesional ya habían asumido «que el Gobierno había tomado la decisión de personarse».

Por su parte, el resto de asociaciones judiciales, exigieron al Gobierno que asumiera ante la justicia belga la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, cuyas declaraciones habían sido consideradas en un primer momento por el Ejecutivo como «actos privados».

Una vez han tenido acceso a toda la información, ha concretado Gutiérrez, desde la asociación profesional de jueces consideran que las declaraciones de Llarena objeto de la demanda «hacen referencia a la actividad jurisdiccional y describen la actividad que está llevando a cabo el juez en su instrucción y que definen la naturaleza jurídica de los hechos que son objeto de enjuiciamiento».

Y ha reconocido que la frontera entre un acto particular y el ejercicio de las funciones como magistrado puede ser difusa, aunque ha indicado que las manifestaciones del magistrado instructor del «procés» «hacen referencia a la actividad instructora que se está llevando a cabo».

«Puede ser en algunos casos una frontera difusa, puesto que desempeñamos a veces actividades de tipo docente o charlas en las que a lo mejor puede pensarse que es un acto de tipo particular; pero lo cierto es que cuando intervenimos en charlas lo hacemos para hablar de cuestiones de tipo jurídico y del ejercicio de la jurisdicción», ha concretado.

En cuanto a la interposición de la demanda por parte de Puigdemont, ha dicho que no consideran «razonable» que se haga para enjuiciar la actuación instructora de un funcionario, en este caso, del magistrado Llarena.

Con la vista puesta en los próximos pasos de la tramitación, el magistrado de JJpD ha señalado que en la medida que la demanda «pretenda entrar a valorar o enjuiciar» actuaciones en el ejercicio de las funciones de un magistrado español por parte de un tribunal extranjero, esto «no sería procedente y sería un exceso por parte de los tribunales belgas».