Franco tras declarar ante la juez: «No había ningún elemento para prohibir el 8-M»

José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, ha declarado este miércoles ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en calidad de investigado por un supuesto delito de prevaricación por permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid pese a la amenaza del coronavirus. «No había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como era la manifestación del 8-M», ha asegurado ante los medios tras finalizar su declaración.

«No puedo ser responsable del 8-M. No está acreditado que el incremento de casos de coronavirus tuviera que ver con la manifestación», ha afirmado en alusión al aumento de positivos que hubo el pasado 9 de marzo, horas después de la manifestación feminista del día anterior. También ha señalado que se hizo «en todo momento» lo que los expertos sanitarios «recomendaron».

Sin embargo, el informe forense incorporado a la causa del 8-M es demoledor. El médico adscrito al Juzgado de Instrucción 51 expone abiertamente la existencia de un «tsunami que se veía venir». El texto apunta a la responsabilidad inequívoca de el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

El forense desgrana en su informe que la grave crisis sanitaria del coronavirus, que ha puesto en jaque a España y ha provocado más de 40.000 fallecidos «se veía venir». «La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo, no en vano es un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Tiene contacto, y es extraordinario como lo tienen con numerosos países del mundo y con todas las comunidades autónomas de España sobre la evolución del Covid-19. Las comunidades son a diario y al unísono», advierte.

La semana pasada, OKDIARIO informó en exclusiva del segundo informe de la Guardia Civil elaborado por encargo de la juez. La Benemérita puso de manifiesto, entre otras cosas, el hecho de que Fernando Simón conocía desde el 10 de febrero, en profundidad y al detalle, muchas de las características del nuevo coronavirus. Cuestiones como su alta capacidad de contagio, la existencia de asintomáticos que pueden resultar claves a la hora de difundir silenciosamente el virus o la alta letalidad que mostraba el nuevo patógeno que desde hacía un mes la ciudad china de Wuhan y que ya empezaba a amenazar gravemente a Italia.

Delito de prevaricación

José Manuel Franco está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por las movilizaciones que se llevaron a cabo entre los días 5 y 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma por el descontrol del coronavirus. Entre estas manifestaciones se encuentra la del 8-M en Madrid. Su declaración ha durado más de dos horas.

A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado.

La magistrada respondió a las alegaciones de ambas instituciones y destacó en concreto «lo escueto de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía ante esta instructora en el trámite de la reforma conferido», a la vez que resaltó que «no ha ni recurrido en reforma la incoación ni ha solicitado el sobreseimiento ante este órgano (sólo ante la Audiencia con ocasión del auto de incoación)» por lo que «resulta difícil valorar con el rigor jurídico que la cuestión merece si asiste la razón a la Fiscalía sobre la atipicidad de los hechos, por lo que en esta fase procesal desestimaremos su pretensión de que no se practique diligencia de investigación alguna por ser innecesaria».

Además, desestimó el recurso de la Abogacía del Estado aduciendo que «la diligencia de investigación acordada en la providencia recurrida es, a juicio de esta instructora, de clara utilidad a la investigación».