Jueces para la Democracia exige a Iglesias «lealtad institucional» y «mayor prudencia» tras sus ataques
La asociación judicial asegura que sus manifestaciones "no son acordes con las responsabilidades que ostentan los miembros del Gobierno" y le acusa de que suponen "una distorsión del contenido de la decisión judicial"
La asociación de la judicatura Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha querido manifestar su profundo rechazo a las manifestaciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sobre los jueces tras ser condenada la diputada en la Asamblea madrileña Isabel Serra por atentado contra la autoridad, lesiones leves y daño.
La asociación ha hecho público un comunicado donde manifiesta su rotundo rechazo a dichas manifestaciones de Pablo Iglesias que «vinculaban la sentencia contra la diputada con una supuesta tolerancia hacia acusados de corrupción que habrían quedado impunes, al contrario de lo que ocurriría en el caso de personas que protestan por un desahucio».
En este sentido, le recuerda a Pablo Iglesias que la condena efectuada «no lo ha sido por el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión», y que para comprobarlo basta «la simple lectura de los hechos probados de la citada sentencia».
Añade que la asociación se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de que «quienes tienen responsabilidades en los poderes del Estado se comporten con el debido respeto y lealtad institucional», lo que exige «la mayor prudencia a la hora de pronunciarse sobre lo resuelto por un Tribunal de Justicia en el ejercicio de su independencia e imparcialidad».
En este sentido JJpD asegura que declaraciones como las efectuadas por Iglesias «no son acordes con las responsabilidades que ostentan los miembros del Gobierno» y añade que dichas funciones «no son otras que fomentar el respeto y la confianza en nuestro sistema judicial». «Máxime -dicen- cuando aquellas suponen una distorsión del contenido de la decisión judicial».
Apuntan que la crítica a las resoluciones judiciales «es un derecho ciudadano que fortalece el sistema institucional y tiene como límite que no suponga una distorsión del contenido real de lo que ha sido fallado».
Pero la asociación sostiene que «no resulta admisible el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial». Y que «nuestro ordenamiento prevé un sistema de recursos que garantiza que la crítica jurídica de una sentencia pueda prosperar adecuadamente y así sucede de forma cotidiana en el día a día de nuestros Juzgados y Tribunales».
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