El juicio de Sanz Roldán contra Villarejo corre el riesgo de suspenderse por cuarta vez

El juicio del general Félix Sanz Roldán, ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), contra el comisario José Manuel Villarejo está a punto de suspenderse por cuarta vez. En esta ocasión por la solicitud realizada por los tribunales londinenses para aplazar la declaración de Corinna Sayn-Wittgenstein, según cuentan a OKDIARIO fuentes judiciales.

La citación de Corinna en el juicio del general Sanz Roldán contra el ex agente infiltrado por presuntos delitos de calumnia y denuncia falsa está prevista para el próximo 18 de septiembre. Sin embargo, la juez Pilar Casado tiene sobre la mesa la suspensión solicitada por la Justicia del Reino Unido, quien sustenta dicha petición en «problemas técnicos y demasiados retrasos en los tribunales británicos».

Una circunstancia a la que ya se enfrentaron en febrero que supuso una nueva suspensión, y que parecía que ya estaba subsanada. Las mismas fuentes aseguran que la magistrada está intentando solucionar dicho problema para que el juicio se inicie en la fecha prevista.

Fuentes judiciales cuentan a OKDIARIO que sorprende que los representantes legales del ofendido no protesten por la demora del resarcimiento del honor del general del CNI, quien presentó una querella por injurias y calumnias contra el comisario jubilado apoyada por la Fiscalía.

Cuatro aplazamientos

La magistrada Pilar Casado fijó la vista oral para el 7 de febrero, en dicha fecha estaba previsto un ‘careo’ entre Corinna y Sanz Roldán a través de videoconferencia. Sin embargo, el juicio se suspendió hasta el 23 de marzo. Esta decisión fue adoptada después de que el magistrado de enlace en Reino Unido informara al Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid sobre la imposibilidad de que la princesa alemana declarase en dicha fecha por videoconferencia por motivos técnicos.

En marzo la magistrada suspendió la citación debido a la crisis excepcional provocada por el Covid-19. En un auto, al que tuvo acceso OKDIARIO, la juez manifestó que esta «medida de carácter preventiva se adoptaba para evitar el foco de contagio de coronavirus que presenta la concentración de personas en las instalaciones de un Juzgado». Por ello, acordó que el nuevo señalamiento sería determinado cuando no existiera riesgo de contagio de COVID-19.

Tras finalizar el estado de alarma, se fijó el 10 de julio para dar comienzo a la vista oral pero una vez más volvió a suspenderse hasta septiembre.

Otros testigos

Tal y como adelantó OKDIARIO, también acudirán a declarar en calidad de testigos el comisario José Luis Olivera, ex director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y la actual jefa del Gabinete de la ministra de Defensa Margarita Robles, Esperanza Castelerio.

El ex director del CITCO aparece en una fotografía junto al comisario José Manuel Villarejo en una misión especial. Esta imagen fue filtrada al diario El País, motivo por el cual Villarejo presentó una denuncia contra el general Félix Sanz Roldán y el ex director adjunto del rotativo, Javier Ayuso, por revelación de secretos y colaboración con actividades de organizaciones terroristas porque dicha fotografía se correspondía con una operación antiterrorista en la que había intervenido como agente encubierto para infiltrarse en una red de fuentes relacionadas con el yihadismo.

El comisario explicó que sólo tenía acceso a ese archivo el CNI, puesto que el dossier de dicho operativo obraba en su poder. Por ello, consideraba que la filtración no podía venir de ninguna otra parte que no fuese del Centro Nacional de Inteligencia.

La denuncia recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, del que es titular el ex policía Ismael Moreno, y fue desestimada en primera instancia. Después fue recurrida y archivada de forma definitiva por la Sala de lo Penal. Por este asunto la Fiscalía de Madrid le imputa al ex comisario Villarejo un delito de denuncia falsa por el que pide un año de prisión que se suma al otro solicitado por el delito de injurias.

La magistrada decidió no admitir las testificales del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y del ex director Adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino al considerar que no tienen «conocimiento directo de los hechos imputados». Tampoco aceptó la citación en calidad de testigos de varios periodistas.