El jefe de Investigación de OKDIARIO explica las claves de su exclusiva sobre las pulseras antimaltrato
El cambio de proveedor de las pulseras antimaltrato ha provocado la pérdida de los datos históricos anteriores a marzo de 2024
Las víctimas denuncian que los dispositivos presentan numerosos fallos técnicos
«Una nueva chapuza del Ministerio de Igualdad encabezado por Ana Redondo ha beneficiado una vez más a maltratadores por toda España», asegura Fernán González, jefe de Investigación de OKDIARIO, sobre las recientes informaciones desveladas por este diario sobre el caos relacionado con las pulseras antimaltrato. El cambio de proveedor de estos dispositivos usados para controlar las órdenes de alejamiento ha provocado la pérdida de los datos históricos anteriores a marzo de 2024. «El problema es grave. Sin esos datos, los jueces no pueden probar que un agresor ha quebrantado una orden de alejamiento», recalca el periodista. La Fiscalía ha alertado de la gravedad de este hecho en su memoria anual, tal y como ha desvelado este diario.
El Ministerio Público ha asegurado que hay una gran cantidad de absoluciones de maltratadores que al final se van de rositas. «¿Y quién es el responsable?», se pregunta González. «Los contratos defectuosos se firmaron bajo la tutela de Irene Montero, ex ministra de Igualdad. Ángela Rodríguez Pam y Noelia Vera, colaboradores de Montero en aquella época, avalaron con sus firmas la parte técnica. En total, dos contratos que suman 72 millones de euros», explica el jefe de Investigación de OKDIARIO.
Las víctimas han criticado que los dispositivos, además, presentan numerosos fallos técnicos. «Suenan a deshoras por falsas alarmas y los agresores se los pueden quitar con facilidad», detalla el periodista. Al final, las mujeres prefieren no usarlos. «Y en un mundo donde, con tu propio móvil puedes geolocalizar a cualquier persona con facilidad, ¿por qué obligar a estas mujeres a tener un aparato adicional, con otra línea telefónica, que solo da fallos?», señala González.
Ante esta situación se abre una guerra institucional donde la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, minimiza el problema y dice que sólo hay un 1% de casos. Y el fiscal general del Estado, el procesado Álvaro García Ortiz, contradice a sus propios fiscales. «Primero alertó del problema y ahora auxilia al Gobierno de Pedro Sánchez», indica el jefe de Investigación de OKDIARIO. García Ortiz ha asegurado que hubo fallos puntuales, pero que hubo coordinación y protección a las víctimas en todo momento.
Los sindicatos policiales lo tienen claro y denuncian que numerosas mujeres han estado en riesgo durante meses. «El resultado final ya lo ven: víctimas desprotegidas y agresores beneficiados por una gestión defectuosa del Gobierno», sentencia Fernán González.
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