España

Interior presiona a los responsables de las cárceles para que favorezcan los beneficios a los presos etarras

Casi un tercio de los presos etarras acercados por Sánchez tiene delitos de sangre

El acercamiento de los presos etarras al País Vasco cuenta con todo el apoyo político imaginable. Hasta el punto de que las presiones a los directores, subdirectores y jefes de servicio de las prisiones han sido las protagonistas desde hace meses con un único fin: que no hubiera ningún tipo de argumento en contra del traslado de los presos etarras o de la aplicación de beneficios penitenciarios.

Fuentes de prisiones han confirmado a OKDIARIO el nivel de presión política existente “porque se trata de una decisión política y no técnica”. Y esa decisión parte de “un acuerdo del Gobierno con Bildu”, confirman las mismas fuentes.

Hay que recordar que la política de dispersión de los presos nunca ha sido una cuestión exclusiva del trato a los terroristas de la banda asesina ETA: es un recurso habitual cuando se busca romper los lazos de los delincuentes con su organización criminal y, favorecer, por lo tanto, su reinserción. Por ello, esa dispersión debe contar con sistemas de seguimiento del comportamiento de los presos y con revisiones periódicas del grado de reinserción del recluso. En ese análisis intervienen los directores, subdirectores y jefes de servicio de las prisiones.

En esta ocasión, se ha decidido amortiguar políticamente para que no hubiera obstáculos a los pactos entre Sánchez y Bildu. Y es que esa es la explicación a la gigantesca catarata de acercamientos de presos de ETA que se ha producido con la llega del Gobierno socialcomunista. Y, además, de etarras especialmente peligrosos y significados.

Fuentes de prisiones han confirmado a OKDIARIO el nivel de presión política existente “porque se trata de una decisión política y no técnica”

De hecho, el 30% de los 108 presos etarras que han sido trasladados por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez tiene delitos de sangre, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, gracias a la moción de censura en junio de 2018, se han autorizado 121 traslados, correspondientes a movimientos de 108 terroristas. De ellos, 33 tienen delitos de sangre. La asociación recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió que los acercamientos serían mínimos.

Más traslados tras la negociación

Desde que el Gobierno comenzó a negociar con Bildu la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, estos traslados se han multiplicado. Precisamente, el mismo día que Arnaldo Otegi anunció su apoyo a las cuentas del Estado, se conoció el acercamiento de cinco miembros de ETA, entre ellos, el asesino del matrimonio Jiménez-Becerril.

Los últimos seis terroristas fueron trasladados este pasado viernes. Entre ellos se encuentra Jon Igor Solana Matarrán, miembro del ‘comando Andalucía’ que asesinó en el año 2000 al concejal José Martín Carpena en Málaga, al fiscal Luis Portero en Granada y al médico Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla. La asociación destaca que alrededor del 60% de los algo menos de 200 presos de ETA han sido ya movidos de prisión.

Así, a las cárceles del País Vasco y Navarra se han efectuado 23 traslados, de los que 10 son por progresión al tercer grado, dos por enfermedad y siete han quedado en libertad por cumplimiento de condena. Además, 17 presos de ETA han obtenido el tercer grado, de los que cinco tenían delitos de sangre y seis han alcanzado la libertad condicional.

Entre los últimos etarras trasladados se encuentra José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri, quien fue jefe de los comandos de ETA en los años 90. En su sanguinario historial se encuentran los asesinatos de Fernando Múgica Herzog o el matrimonio formado por el concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su esposa Ascensión García, entre otros.

Desde la AVT han señalado a OKDIARIO que la intención de los proetarras es lograr la liberación de esos presos. Así, recuerdan que con frecuencia insisten en que «no los quieren cerca, los quieren libres». El temor de la asociación es que, entre esas cesiones, Interior incluya a terroristas con un perfil especialmente sanguinario que actualmente continúan en las cárceles de Andalucía o Murcia, las más alejadas al País Vasco.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, ‘Txapote’, que hace semanas abandonó el módulo de aislamiento en Huelva -donde se encuentra también su compañera de comando Irantzu Gallastegi Sodupe-, aunque sigue clasificado en primer grado, el régimen más duro. Este etarra participó como miembro del comando Donosti en el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Múgica y los ediles del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.

En la cárcel de Jaén se encuentra Beinat Aginagalde Ugartemendia, que está condenado por los asesinatos del concejal Isaías Carrasco y del empresario Ignacio Uría, en 2008.

Por su parte, Igor Portu y Martín Sarasola se encuentran en las prisiones de Córdoba y Jaén, respectivamente, cumpliendo condena por ser los autores del atentado de la T-4 en Madrid de dos años antes, en 2006, matando a dos ciudadanos ecuatorianos.

También destaca Francisco Mujika Garmendia, ‘Pakito’. Miembro del colectivo Artapalo y jefe de ETA en la etapa más sanguinaria, hasta que fue desarticulado en Bidart en 1992.