El indulto a Griñán coincidirá con las municipales si el Gobierno lo tramita como uno más

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el indulto de José Antonio Griñán, solicitado por la familia del ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía con el apoyo de 4.000 firmas, se tramitará como uno más. De tal forma que, si se cumplen los plazos medios de los indultos de mayor relevancia pública concedidos en democracia (de 6 a 8 meses) el del dirigente socialista condenado a seis años de cárcel por la malversación de 680 millones se aproximará a la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2023.

Ejercer el derecho de gracia es una facultad exclusiva del Gobierno, pero como todo acto administrativo debe reunir una serie de requisitos procedimentales. El principal, recibir el informe del tribunal sentenciador, en este caso la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si el informe es negativo, el indulto sólo podrá ser parcial.

OKDIARIO ha repasado los indultos de mayor repercusión política y mediática concedidos en democracia. Y ninguno avalaría que Griñán pudiera beneficiarse de la medida de gracia antes de que acabe el año.

De enormes efectos políticos y sociales fue la condena del ex ministro del Interior de Felipe González José Barrionuevo y del que fuera secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 29 de julio de 1998 por su participación en el secuestro del dirigente de Batasuna Segundo Marey. Ambos tuvieron que pasar más de tres meses en la cárcel hasta que el Gobierno, a petición del propio Tribunal Supremo, les indultó en la Navidad de ese año, es decir 5 meses después de su condena.

Peor suerte tuvieron el entonces diputado socialista Carlos Navarro y el ex  senador José María Sala, condenados en 1997 por el caso Filesa -una trama para la financiación irregular del PSOE-, que pidieron el indulto inmediatamente después de la sentencia que les condenó. La falta de colaboración y demora, según el Tribunal Supremo, del Gobierno de Aznar  en la remisión de la documentación necesaria para emitir su informe provocó un enorme enfado en el Alto Tribunal, que informó favorablemente al indulto. El Gobierno lo aprobó finalmente 5 meses después de completar los trámites en año el 2000.

El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño fue condenado por el Tribunal Supremo en 1999 a 15 años de inhabilitación por prevaricación en el llamado caso Sogecable. Solicitado el indulto, el Gobierno de José María Aznar tardó 8 meses en otorgarlo, con el informe contrario del Tribunal Supremo.

Otra polémica concesión del perdón gubernamental fue la que protagonizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en su último Consejo de Ministros, ya después de perder las elecciones en noviembre de 2011 y, por lo tanto, en funciones. Al entonces consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz le perdonó la condena de tres meses de arresto e inhabilitación para ejercer como banquero por un delito de acusación falsa y denuncia falsa. Sáenz había pedido el indulto siete meses antes. En un posterior recurso, el Tribunal Supremo anuló parcialmente el indulto y concluyó que el Ejecutivo de Zapatero había incurrido en una «clara extralimitación» al cancelar los antecedentes penales de Sáenz.

El Gobierno de Mariano Rajoy esperó casi dos años a atender la solicitud del indulto a cuatro mossos d’esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, para después golpearlo y amenazarlo, incluso con sus armas.

Un poco menos tardó la gracia que recibieron -también un caso de corrupción política- el ex dirigente de Unió Democràtica, Josep María Servitje, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball, también este caso en contra del criterio del tribunal sentenciador. El Gobierno tardó 11 meses en aplicar la medida de gracia desde que la Audiencia de Barcelona remitió su informe en contra del indulto en la que se refería «la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público».

Indulto a los golpistas

Más cercanos están los indultos a los golpistas catalanes del 1-O. Condenados en 2019, no fue hasta septiembre de 2020 cuando el Ministerio  de Justicia inició el procedimiento, remitiendo la petición de informe al Tribunal Supremo. Las medidas de gracias fueron concedidas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en junio de 2022, es decir, 9 meses después.

Entre los últimos casos mediáticos se encuentra el concedido a la ex presidenta de la asociación Infancia Libre, María Sevilla, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores. El Gobierno lo concedió 4 meses después de recibir la solicitud.

Así las cosas, no habiéndose aún iniciado el procedimiento, ni solicitado informe al Tribunal Supremo -que hemos de recordar está en una precaria situación de efectivos por la reforma promovida por el Gobierno para restar la facultad de hacer nombramientos al CGPJ-, y con las referencias de otros casos polémicos Griñán, no podrá ser indultado hasta, como pronto, 2023, cuando España estará ya en año electoral.