Igualdad perdió los datos de maltratadores porque la empresa que eligió Montero no supo desencriptarlos

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Vicedirector de OKDIARIO.
• • 21/09/2025 05:52
  • Actualizado: 21/09/2025 09:54

La UTE liderada por Vodafone que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero impulsó para rebajar costes -poniendo en peligro la vida de las mujeres amenazadas por sus maltratadores- y romper con la empresa israelí de pulseras antimaltrato por meros prejuicios ideológicos, demostró «una deficiencia técnica alarmante» al ser incapaz de gestionar la información básica del sistema de protección a las víctimas, según una fuente conocedora de las negociaciones de traspaso.

El cambio de adjudicataria en 2023 —cuando el servicio pasó de Telefónica, a una UTE formada por Vodafone y Securitas— provocó un desastre en la migración de datos que dejó sin rastrear a los maltratadores durante meses. Como admitió la actual ministra Ana Redondo, sí hubo excarcelaciones provocadas por el fallo técnico en las pulseras antimaltratadores que impidió conocer los movimientos de estos agresores con anterioridad al 20 de marzo de 2024, una negligencia que la Fiscalía General del Estado calificó en su memoria anual como una «potencial desprotección de las víctimas».

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes conocedoras del proceso de transición, la nueva adjudicataria del servicio, promovida activamente por el equipo de Montero para sustituir a la tecnología israelí, carecía de los conocimientos técnicos elementales para operar el sistema. «No eran capaces de dar el servicio, de montar la base de datos que nosotros les pedíamos. No eran capaces de hacer que funcionara», asegura la fuente.

La situación llegó a tal extremo que la propia UTE ganadora del concurso -la misma que Igualdad había elegido para ahorrar costes a costa de la seguridad de las víctimas- tuvo que contratar a Telefónica, la empresa a la que acababan de desplazar, para que les ayudara a poner en marcha un servicio del que dependía la vida de miles de mujeres. «Se nos contrató una época para que pudiéramos ayudarles», confirma el testigo directo de este despropósito técnico orquestado desde el Ministerio.

Montero priorizó la ideología

La falta de competencia técnica del nuevo operador elegido por Igualdad no solo se manifestó en su incapacidad para gestionar las bases de datos con información sensible sobre agresores y víctimas. La comunicación entre las empresas degeneró hasta el punto de que «llegó un momento que la comunicación era por burofax, porque ellos no contestaban bien», según relata la fuente consultada.

Este caos organizativo, consecuencia directa de la decisión del Ministerio de Montero de cambiar un sistema que funcionaba perfectamente, contrasta dramáticamente con el servicio anterior. Telefónica había desarrollado durante más de 15 años un sistema «a medida» con el proveedor israelí Attenti Electronic Monitoring, cuyas pulseras con tecnología «rugerizada» garantizaban la seguridad al ser inviolables sin activar las alarmas correspondientes.

La decisión de cambiar de proveedor fue ejecutada por la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez podemita Victoria Rosell, siguiendo las directrices del Ministerio de Irene Montero para ahorrar dinero y, según las fuentes, eliminar al proveedor israelí por razones puramente ideológicas relacionadas con el conflicto de Gaza.

«Si tú compras algo muy barato, desplazas al proveedor actual que tienes de años, que te ha montado el servicio a la medida y tú quieres algo que sea muy barato y que encima ya lleve el componente de que no haya un israelita, pues claro, te puedes encontrar con lo que está pasando ahora mismo», reflexiona la fuente sobre las trágicas consecuencias de anteponer la ideología antisemita y el ahorro a la protección de las víctimas.

Las nuevas pulseras chinas, que se consiguen en el portal de comercio electrónico chino AliExpress, presentan deficiencias críticas: dependen del propio agresor para su carga diaria, pueden manipularse más fácilmente y carecen del sistema de sustitución inmediata que garantizaba la continuidad del servicio. Todo ello mientras el Ministerio de Montero celebraba haber «ahorrado» dinero y eliminado al proveedor israelí, sin importar que estaban jugando con la vida de las mujeres amenazadas.