Igualdad admite que la pulsera antimaltrato «no resulta operativa» en los alejamientos de 100 metros

El Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo ha admitido que los dispositivos telemáticos para proteger a las víctimas de maltrato, las conocidas como pulseras antimaltrato, «no resultan operativas» cuando el juez decreta una orden de alejamiento de 100 metros. Todo ello a pesar de que la empresa adjudicataria estaba obligada a tener un equipo dedicado a este tipo de casos, es decir, en los que las medidas sean de menos de 500 metros.

El Ejecutivo ha admitido las carencias de estos dispositivos a través de una respuesta por escrito en el Congreso. «La distancia de la orden de alejamiento de 100 metros no permite margen operativo de las fuerzas de seguridad y dificulta, o directamente, imposibilita la protección efectiva de la víctima», argumentan desde la administración socialista.

Y es que aseguran que «el tiempo de reacción es extremadamente reducido». Sobre todo, como indican desde Igualdad, «si el agresor recorre esa distancia en vehículo, el margen de actuación se reduce a apenas unos segundos», dificultando la «intervención preventiva efectiva».

La cartera de Ana Redondo critica la decisión del juez de interponer orden de alejamiento con una distancia tan corta: «La eficacia del sistema no depende únicamente de la tecnología, sino también de las condiciones fijadas en la medida judicial, especialmente la distancia de exclusión».

Crítica de Igualdad a los jueces

Tanto es así que el Ministerio mandó una comunicación al juzgado en la que advertía que «el sistema no resulta operativo con una distancia de 100 metros». A su vez, solicitaba que «se reconsiderara su ampliación», es decir, que se impusiera una orden de alejamiento mayor.

Además, acusa al juzgado de imponer unas medidas «simbólicas»: «Las órdenes de alejamiento deben ser medidas reales de protección, no pueden ser simbólicas ni meramente formales, deben establecer distancias y condiciones que reduzcan de forma efectiva el riesgo y permitan una respuesta preventiva y coordinada para proteger a las víctimas».

El Gobierno no sólo admite que el objetivo de las pulseras no se cumple. Además, demuestra la ineficacia del equipo contratado por el Ministerio encargado de vigilar las órdenes de alejamiento de menos de 500 metros.

Y es que el Gobierno contrató «personas efectivas auxiliares» para encargarse de «la gestión y seguimiento específico de los casos instalados en los que concurran cuestiones relevantes para el funcionamiento y la eficacia del sistema de seguimiento».

Entre las medidas especiales que revisa este equipo están las distancias de alejamiento inferiores a 500 metros, así como un cambio de domicilio de personas usuarias, instalación de dispositivos electrónicos a una misma persona respecto de varias víctimas o a varias personas inculpadas o condenadas respecto de una o varias víctimas.

Así aparece en el pliego de prescripciones técnicas de la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Es decir, el contrato para contar con pulseras telemáticas para proteger a las víctimas de violencia de género.

Quejas de víctimas contra la pulsera

El Ejecutivo se ha pronunciado después de que diputados de Vox se interesaran por un caso en Ibiza en el que un agresor con orden de alejamiento se saltó esa medida. Los representantes del partido de Santiago Abascal se hicieron eco de que la víctima y su hermana fueron agredidas en la ciudad balear.

Según el testimonio de una de ellas, la pulsera «no sonó» a pesar de que había una orden de alejamiento de 100 metros y que ella fue la que llamó a la Guardia Civil. Además, indicó que el agresor incluso pudo entrar en la vivienda antes de que acudieran los agentes avisados por los medios telemáticos.

Igualdad responde que «el sistema de control telemático funcionó correctamente y emitió la alerta correspondiente». Sin embargo, critica que la «distancia de la orden de alejamiento de 100 metros no permite margen operativo de las fuerzas de seguridad y dificulta, o directamente, imposibilita la protección efectiva de la víctima». Es decir, señala al juzgado.