El fiscal pide imputar a González, su mujer y Cerezo al constatar que su dúplex de 495 m2 fue un soborno

La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado que se tome declaración en calidad de investigado al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a su mujer, en relación con el ático que ambos tenían arrendado en la localidad malagueña de Estepona y que, posteriormente, pasó a ser de su propiedad. También pide la comparecencia, igualmente como investigado, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

Estas peticiones, realizadas por el fiscal en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), que lleva la causa, se producen a raíz de las últimas comprobaciones efectuadas relacionadas con las grabaciones de ciertas conversaciones aportadas a la causa, a resulta de las cuales «se atribuyen a González hechos que de ser ciertos podrían integrar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales».

El representante del ministerio público estima que estas declaraciones se deben llevar a cabo en el propio juzgado, puesto que es preciso reproducir las conversaciones que se encuentran aportadas al procedimiento y por las que ya declararon, pero como testigos, los comisarios Enrique García Castaño y José Manuel Villarejo a principios de este mes.

Asimismo, insta al juzgado a que se acuerde la complejidad de esta causa y considera que por el momento no se debe producir la inhibición al caso ‘Gürtel’, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción número 5, al no estar acreditada la vinculación de los hechos, aunque se apunta que habrá que esperar al resultado de otras diligencias.

En este sentido, el fiscal señala que la vinculación entre ambos procedimientos viene de unas afirmaciones realizadas por una acusación particular personada en esta causa (el SUP), sobre la supuesta utilización de las mismas entidades instrumentales en ambos casos en la constitución de sociedades que encubrirían la titularidad de los bienes.

Pero entiende que no se ha acreditado estos extremos con la respuesta de la comisión rogatoria remitida a Panamá. Por esto, solicita que se libre una nueva a dicho país, reclamando la información relacionada con los beneficiarios de determinadas entidades, al haberse ampliado el objeto de la investigación.