El hombre de Sánchez señalado en el ‘caso Negreira’ firmó el protocolo contra la corrupción deportiva

Albert Soler Sicilia, ex director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), ex diputado del PSOE y ex directivo del FC Barcelona, es uno de los principales nombres señalados por la investigación del caso Negreira. Soler formaba parte de la directiva del club blaugrana durante algunos de los años en los que se pagaron hasta siete millones de euros al ex número dos de los árbitros José María Enríquez Negreira a cambio de obtener presuntamente favores arbitrales. El Gobierno de Pedro Sánchez le nombró a dedo y saltándose la ley para el puesto del CSD, donde entre sus tareas en los dos años que estuvo en el cargo firmó el protocolo contra la manipulación de resultados deportivos.

Si hay un nombre que preocupa especialmente en el Gobierno de Pedro Sánchez en relación al caso Negreira, ése es el de Albert Soler. El que hasta el pasado mes de enero era el director general del CSD salió del ente público de manera precipitada, con una dimisión presentada por motivos personales que parece apuntar más bien a otras razones. Soler sabía desde meses antes que estaba siendo objeto de investigación por este caso de «corrupción continuada en el deporte» que afecta al Barcelona y a varios directivos del club.

Soler, que pertenece a la familia socialista del PSC y es una persona muy próxima al ministro de Deportes, Miquel Iceta, está señalado por haber ocupado el cargo de director del área de Deportes Profesionales del FC Barcelona desde 2014 hasta 2021. En sus años al frente de este departamento, uno de los que se consideran claves en el engranaje de los pagos al número dos de los árbitros, al menos cuatro ejercicios figuran bajo los servicios de Negreira.

El papel de Soler como miembro designado por el Gobierno en el CSD no fue ni mucho menos irrelevante. Pero entre lo destacable de su poco menos de dos años en el cargo, resalta el hecho de que Soler firmó, de su puño y letra, un protocolo de adhesión al sistema de alertas sobre apuestas deportivas. Un mecanismo que buscaba detectar y evitar cualquier manipulación en los resultados de una competición.

«En el contexto competencial citado, uno de los fenómenos más preocupantes puesto de manifiesto a la DGOJ en el ejercicio de sus funciones es el de la corrupción vinculada a la manipulación de las competiciones deportivas», explica el protocolo.

Este tipo de actividades corruptas, señala, «afectan al normal desarrollo de las actividades relacionadas con el juego, menoscaban los intereses de sus participantes y de los operadores de este sector, y constituyen a su vez una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte, pues atentan contra sus valores esenciales y alejan de su entorno a aficionados y seguidores». Una descripción de los efectos de la corrupción deportiva que ahora encajan a la perfección en las consecuencias que se empiezan a notar en el fútbol español tras conocerse el caso Negreira.