Las grandes asociaciones de jueces garantizan «amparo» a los funcionarios que desobedezcan al Govern
Las cuatro asociaciones mayoritarias de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que llaman a los ciudadanos y a los funcionarios a no cumplir ninguna orden que conduzca a organizar el referéndum de autodeterminación y a participar en él, porque una autoridad que «se rebela» contra el ordenamiento jurídico y actúa de forma «totalitaria» no tiene que ser obedecida.
«Una autoridad que conscientemente se rebela contra la norma constitucional que la legitima, pierde el carácter de autoridad y no tiene que ser obedecida. La desobediencia que desprecia las normas jurídicas que protegen la disidencia, no es un acto heroico sino totalitario», se avisa en el escrito, firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.
En el comunicado, se recuerda que la ley de transitoriedad jurídica y la del referéndum están suspendidas por el Tribunal Constitucional, así como todos los actos que se derivan de ellas, por lo que los ciudadanos «no están obligados» a cumplir ni esas leyes ni las normas dictadas en su desarrollo.
Apoyo a los jueces catalanes
Los jueces también se dirigen a los funcionarios públicos, a los que les recuerdan que tienen la obligación de acatar la Constitución y la legalidad constitucional y de cumplir las resoluciones judiciales, «prestando la colaboración requerida para su ejecución».
Entre ellos se encuentran los jueces de Cataluña, a los que expresan el apoyo y cobertura «institucional, material y moral» del conjunto de la Judicatura española.
Todos ellos, ciudadanos y funcionarios, pueden encontrarán «amparo y respuesta» en los juzgados y tribunales ante cualquier actuación que les pretenda obligar a aplicar disposiciones suspendidas o declaradas nulas.
Los jueces inician su escrito manifestando que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución y que «sólo» dentro de los principios y valores que propugna «garantiza la convivencia democrática». Fuera de ella, no hay legalidad ni Estado de Derecho, añaden.
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