El Govern de Torra llamó a nueve CDR denunciados por los Mossos para pactar una rebaja de la acusación
Fueron identificados durante el traslado de los presos separatistas a Madrid para el inicio del juicio y la juez les imputa ahora delitos de robo con fuerza, lesiones, atentado contra la autoridad, riesgo para la circulación y desórdenes.
Prisión de Lledoners, Sant Joan de Vilatorrada, febrero de 2019. Un centenar de personas se manifiestan a las puertas del centro penitenciario donde cumplen prisión provisional siete de los presos independentistas. Su acción impide el correcto trabajo de los Mossos, que tenían que realizar el primer tramo del traslado de los reos a Madrid. Nueve de esos manifestantes son identificados por los Mossos por agresiones y, meses más tarde, reciben la citación judicial. La Generalitat se persona como acusación particular, en defensa de los agentes como trabajadores públicos, pero la presión y las críticas de los separatistas ante la petición de cargos por parte del Govern, que suman hasta 12 años de prisión contra los encausados, lleva al ejecutivo de Quim Torra a llamarles y pactar una rebaja de la acusación.
Esa rebaja, según ha podido saber OKDIARIO, podría pasar directamente por la no presentación ante la juez instructora del escrito de acusación. De no hacerlo prácticamente llevaría al archivo de la causa, ya que el ministerio fiscal, no acudió a las citaciones por parte de la magistrada y no ha mostrado un gran interés en la causa abierta.
Los nueve activistas fueron citados por el juzgado de instrucción número ocho de Manresa (Barcelona) casi medio año después de que ocurrieran los hechos. La magistrada les investiga por cinco delitos de robo con fuerza, lesiones, atentado contra la autoridad, riesgo para la circulación y desórdenes, delitos que suman hasta doce años de cárcel -casi lo mismo que se pide los responsables del golpe del 1-O-.
La Generalitat, atendiendo a la ley 5/2015 de 30 de marzo, se ha personado para defender a los agentes de los Mossos, pero eso no ha gustado a los independentistas. Durante las declaraciones ante la juez, sin la asistencia del fiscal, la acusación del abogado del Govern de Torra es la única que existe sobre estas nueve personas.
Cabe recordar que hace un año, en Sant Julià de Ramis (Gerona), el presidente catalán animó a los CDR a «apretar» a su ejecutivo para forzarles a trabajar por la independencia. Ahora, su propio gabinete se querella contra ellos por dar cumplimiento a su petición.
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