El Gobierno tendrá que dar al PP los datos de los viajes de Sánchez en el Falcon

Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia a raíz de la petición del ‘popular’ sobre el coste del viaje de Sánchez a Castellón en julio de 2018 para reunirse con autoridades y asistir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Gobierno aseguró que no podía revelar el importe total en virtud de la Ley de Secretos Oficiales, excepto los 282,92 euros de gastos de protocolo.

En el dictamen, firmado por el presidente del CTBG, Francisco Javier Amorós, el organismo público no ve «justificado calificar como secreto un desplazamiento físico del presidente del Gobierno, que es de conocimiento público en la mayoría de ocasiones debido a la cobertura mediática que se le dispensa».

Tampoco considera que el Gobierno haya aportado «argumentación ni normativa concreta que permita justificar la clasificación de secreto sobre las ocasiones en las que se ha hecho uso de dicho medio de desplazamiento». Señala que esto se podría deber a datos concretos del viaje como horarios, rutas o dispositivos «de los que pudiera derivarse cierto patrón que pudiera comprometer la seguridad del presidente del Gobierno».

Respecto a la respuesta de la Secretaría de Presidencia –que no cabe facilitar más información sobre movimientos de aeronaves militares que la que recoge al apartado ‘Agenda’ de la web de La Moncloa, con los viajes y actividades del presidente–, el Consejo de Transparencia remarca que esto no aclara «si el uso del Falcon está restringido al mismo (Sánchez) o si pueden ser usuarios otros altos cargos».

Al mismo tiempo, advierte que «la Administración deniega información sobre el número de ocasiones en las que se ha utilizado como medio de transporte el Falcon, por considerarlo información clasificada» y recuerda que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 establece que «solamente pueden declarar secreta una materia el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes de Estado Mayor».

El CTBG amplía este punto señalando que la Constitución establece el principio de que «una participación ciudadana responsable de los asuntos públicos exige una necesaria información, principio que solo encuentra excepciones en los casos en que sea necesario proteger la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los
delitos y la intimidad de las personas».

En base a la «ausencia de justificación y a la relevancia pública», el organismo concluye que no procede la aplicación de ningún limite al acceso a esta información solicitada por el asesor del PP a través del Portal de Transparencia.

En un plazo de 10 días

Por todo ello, el Consejo de Transparencia insta ahora al Gobierno a presentar al reclamante en un plazo máximo de diez días el listado completo de las personas dependientes de Moncloa y Presidencia que disponen de autorización para utilizar el Falcon, especificando nombre, apellidos y cargo institucional.

Así mismo, le emplaza a informar de cada uno de los cargos sobre el número de veces que han utilizado el avión entre el 1 de junio y el 20 de octubre de 2018 y a remitir al propio Consejo de Transparencia una copia de toda la información.

Contra esta resolución se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo durante un plazo de dos meses ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.