España
Congreso de los Diputados

El Gobierno rechaza viviendas públicas para las víctimas de la DANA porque le cuestan 25 millones

El Ejecutivo no permite ni siquiera el debate de la proposición de ley que presentó el PP en el Congreso

Moncloa suma ya el sexto veto a una iniciativa legislativa del PP, en este caso por suponer un gasto total de 727 millones

El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza la construcción de 250 viviendas públicas para las víctimas de la DANA porque cuestan 25 millones de euros a las arcas públicas. Así lo sostiene en el escrito de disconformidad que ha presentado sobre la proposición de ley del PP con ayudas para los afectados por la DANA, un texto que el Ejecutivo impide siquiera su tramitación en el Congreso de los Diputados por suponer un coste total de 727 millones de euros.

Se trata del sexto veto que el Gobierno de Sánchez aplica a una iniciativa legislativa impulsada por el PP en la presente legislatura desde la Cámara Baja, ya que antes actuó de la misma manera respecto a las proposiciones de los populares sobre sector alimentario, conciliación, talidomida, exenciones fiscales de acontecimientos y tasa de basuras. El Ejecutivo se acogió en todos estos casos al artículo 134.6 de la Constitución que le permita vetar una proposición de ley si supone un «aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios».

En el escrito oficial de 7 páginas con la disconformidad del Gobierno -al que ha tenido acceso OKDIARIO y que este martes verá la Mesa del Congreso de los Diputados-, el Ejecutivo justifica el veto en cinco puntos para echar por tierra los diferentes artículos de la proposición del PP. Ni siquiera permitirá el debate parlamentario de esta iniciativa.

En uno de esos puntos, en concreto, el último, Moncloa se niega a aceptar la disposición adicional cuarta de la proposición, que aboga por conceder a la Generalitat Valenciana una subvención de 25 millones de euros para llevar a cabo la construcción de 250 viviendas públicas industrializadas en edificios en alturas de hasta 4 plantas realizadas a partir de módulos tridimensionales prefabricados. Todo ello, «con el fin de posibilitar lo antes posible el realojo de familias desalojadas de sus hogares como consecuencia de la DANA», subrayaba el PP para promover dichas viviendas.

Sin embargo, el Gobierno de Sánchez descarta esta propuesta porque «supondría un incremento de gasto presupuestario en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de 25 millones de euros, que debería aplicarse a un concepto de nueva creación en el Programa 25.09.261N Promoción, administración y ayudas para la rehabilitación y acceso a la vivienda», dice sobre el presupuesto del departamento que dirige la socialista Isabel Rodríguez.

Fue, precisamente, el presidente de la Generalitat valenciana y líder del PP en esta región, Carlos Mazón, quien el pasado 16 de enero durante una sesión de control en el Parlamento autonómico, señaló que se alegraba de que el pueblo de Gaza fuera a recibir «más de 24 millones de euros en ayudas directas» del Gobierno de España. «Me alegro mucho por el pueblo de Gaza. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez», contrapuso. Esos 24 millones son una cifra muy similar a la que ahora el Ejecutivo central rechaza -poniéndolo incluso por escrito- para la construcción de 250 viviendas públicas en zonas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana.

Extracto del veto del Gobierno a la proposición de ley del PP.

De otro lado, el escrito de veto del Ejecutivo de PSOE-Sumar pone reparos al artículo 4 de la proposición del PP, donde el partido de Alberto Núñez Feijóo, plantea una cobertura completa del 100% de los gastos de emergencia asumidos por las comunidades autónomas y las entidades locales, «representaría un coste superior a los 150 millones de euros».

En cuanto al artículo 6 (Plan específico para los trabajadores autónomos ante situaciones de emergencia) y la disposición adicional tercera (Medidas de apoyo específicas para los trabajadores autónomos afectados por la DANA), el Gobierno esgrime que «la merma de ingresos del presupuesto de la Seguridad Social para situaciones de emergencia podría ascender a más de 45 millones de euros al año». Además, sostiene que «las partidas destinadas al gasto se verían incrementadas en más de 58 millones de euros anualmente». Y añade que estas cantidades «podrían superarse en función del número de autónomos afectados y la duración de las prestaciones».

Menos recaudación

A continuación, Moncloa se detiene en la disposición adicional segunda, punto 4, de la proposición del PP, según la cual estarían exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las cantidades satisfechas con carácter extraordinario por los empleadores a sus empleados y familiares hasta el 30 de junio de 2025. Unas cuantías que irían destinadas a sufragar los daños personales y daños materiales en viviendas, enseres y vehículos que hayan sufrido los empleados y sus familiares con ocasión de una situación de emergencia como la DANA del pasado 29 de octubre. Sin embargo, el Gobierno alega aquí que esta medida «supondría una reducción de la recaudación del IRPF, por la nueva exención, que representaría un coste estimado de 8 millones de euros».

Del mismo modo, en lo referente a la disposición adicional segunda, punto 7, donde se establece un tipo cero del IVA para la compra de vehículos adquiridos para reemplazar a otros dados de baja como consecuencia de los daños provocados por la DANA, el Gobierno cifra esta actuación para rechazarla en un «coste estimado de 441 millones de euros», en tanto conllevaría una «reducción de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por la nueva exención», sentencia.