Soraya dice que Forcadell acaba de «matar» la democracia en Cataluña
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo ha pedido al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos tomados y que estudie medidas legales contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Además, la responsabilidad se extenderá a los miembros de la Mesa que han decidido admitir a trámite la Ley del Referéndum.
Apercibida por el TC
El Gobierno centra en la presidenta de la Cámara catalana su primera acción para frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre. En mayo, Forcadell ya declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como imputada por los delitos de desobediencia y prevaricación -los mismos por los que el expresidente catalán, Artur Mas, fue condenado a dos años de inhabilitación por el 9-N- por permitir que, en octubre, el Parlamento votara los acuerdos de Junts pel Sí y la CUP para avanzar en el referéndum. Entonces, Forcadell defendió que cumplía con su deber y apeló a la inviolabilidad parlamentaria.
Forcadell, junto con el resto de miembros de la Mesa, está además apercibida por el Tribunal Constitucional desde agosto, después de que se les notificase personalmente el deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir» la suspensión de la aplicación de la reforma del reglamento para la aprobación exprés de las leyes de desconexión.
Querella de la Fiscalía
La Fiscalía Superior de Cataluña ha anunciado también este miércoles que presentará una querella por los delitos de desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlament que han aprobado la admisión a trámite de la Ley. La decisión afecta a Forcadell, además de a los también diputados de Junts pel Sí Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó.
«Bochornoso espectáculo»
La vicepresidenta del Gobierno ha comparecido después de que, este miércoles, los independentistas aprobasen en el Parlamento catalán la tramitación de la Ley del Referéndum. Santamaría ha avanzado que el presidente del Gobierno ha firmado un escrito en el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia y ha solicitado «el testimonio de particulares para que se dirima la responsabilidad» de quienes han participado en la actuación ilegal y ha recordado que «todos habían sido apercibidos por el Tribunal Constitucional». El Gobierno recurrirá la Ley al Alto Tribunal en el momento en que la Ley sea aprobada.
Santamaría ha denunciado el «bochornoso y avergonzante espectáculo» vivido esta mañana en el Parlamento catalán. «No he pasado más vergüenza democrática en toda mi vida política», ha aseverado.
La vicepresidenta ha censurado que «imágenes como esa son propias de otras latitudes» y ha advertido de que «querer imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución, vulnerando derechos de los parlamentarios, de los ciudadanos y el debate político demuestra que quienes están al frente de sus instituciones se acercan más a los regímenes dictatoriales que a una democracia». La vicepresidenta ha sido dura contra Forcadell, a quien ha acusado de «matar» la democracia en Cataluña.
Santamaría ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y de unidad de los partidos constitucionalistas en contra del «atropello» que, considera, pretenden los independentistas.
«Lo que hemos vivido es una patada a la democracia, los catalanes y la decencia política», ha reprochado.
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