El Gobierno gasta 2 millones en las horas extras de los funcionarios que se encargan de la regularización masiva
Inclusión dispuso de dinero gracias a una transferencia de crédito, es decir, usando dinero previsto para otro ministerio
La cartera de Elma Saiz ya había dicho que "dimensionaron" los operativos para atender todas las peticiones
El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado más de 2 millones de euros en pagar las horas extra de los funcionarios que tuvieron que atender la regularización masiva de inmigrantes. El Ejecutivo preparó un operativo especial para cumplir con la avalancha de peticiones de las personas en situación administrativa irregular que debían tramitarse en los plazos previstos por la propia administración socialista. Y hubo funcionarios que realizaron «servicios extraordinarios para atender los trabajos fuera de la jornada».
El incremento de este gasto tuvo que hacerse a través de una transferencia de crédito, es decir, movilizando dinero que estaba previsto emplear en una cartera diferente. Este procedimiento se acordó el pasado martes en el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Hacienda, encabezado por el socialista Arcadi España, habilitó la «transferencia de crédito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones» de Elma Saiz para «financiar las gratificaciones por servicios extraordinarios para atender los trabajos fuera de la jornada como consecuencia del Plan de choque para el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras».
El importe que Hacienda ha permitido traspasar a la cartera de la portavoz del Ejecutivo para sufragar las horas extra realizadas por los funcionarios se eleva, concretamente, a 2.220.750 euros. Cabe recordar que hubo 1.174.978 solicitudes de regularización de su situación administrativa, más del doble de las previsiones que manejaba el Gobierno.
Todo ello para cumplir con los plazos que fijó el Gobierno para que las personas irregulares pudieran acceder a este procedimiento extraordinario. Los extranjeros en esa situación administrativa tenían hasta el pasado 30 de junio para presentar la solicitud para la regularización extraordinaria.
Plan dimensionado a las solicitudes
En un primer momento, el Gobierno evitó dar una cifra concreta de personas que podrían acogerse a esta regularización. Sin embargo, sí que ofreció una cantidad tras las preguntas de los medios. «Las estimaciones, sabe que son estimaciones, pero las estimaciones son en torno a 500.000 personas», aseveró Elma Saiz.
Esta cifra se basaba en los cálculos realizados por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España de 2023. El escrito aseguraba que, «de acuerdo con las estimaciones más recientes, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas».
Todo ello, mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) aseguraban que sería más cercano a los 800.000 solicitantes.
No obstante, desde Inclusión admitieron más tarde que albergaban la posibilidad de que se produjeran tres escenarios. Por un lado, que se cumplieran las estimaciones de la ILP y que a la regularización sólo se acogieran medio millón de personas. Segundo, que las solicitudes se quedasen a medio camino entre esas previsiones y las de Funcas o la AIReF. Por último, un contexto en el que, en el peor de los casos, llegaría a un millón de peticiones. La realidad incluso superó este vaticinio.
Por tanto, Inclusión reconoció que las cifras podían desbordar las previsiones iniciales y se preparó para ello pese a que, en público, sólo admitían la previsión de una cifra de 500.000 irregulares.
Tanto es así que desde la cartera de Saiz aseguraron que las peticiones no sobrepasaron a sus funcionarios y que dimensionaron un operativo para que todas las personas que cumplieran con los requisitos pudieran acogerse a la regularización.
Saiz comunicó que se sumarían 550 profesionales para atender las 448 oficinas que se habilitaron en España, entre las que se cuentan 60 de la Seguridad Social o la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería. Todo ello para recoger 197.102 solicitudes de forma presencial, un 16,8% del total. La gran mayoría (977.876 solicitudes que suponen el 83,2%) se han presentado de forma telemática.
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