El Gobierno gasta 1,7 millones en acelerar la nacionalidad para que 2,3 millones de ‘nietos del exilio’ puedan votar

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 12/04/2026 05:45
  • Actualizado: 12/04/2026 05:45

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de adjudicar un contrato por importe de 1,7 millones de euros para agilizar los trámites de la concesión de la nacionalidad española, a la que aspiran precisamente 2,3 millones de nietos de emigrantes españoles con la reforma implantada a través de la ley de Memoria Democrática de 2022.

En concreto, el Ejecutivo socialcomunista ha otorgado a la consultora Neoris España SL un contrato para la prestación de «servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas de Nacionalidad», según reza en el expediente al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Esta adjudicación ha corrido a cargo de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia, perteneciente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige el socialista Félix Bolaños. El departamento de Justicia es el encargado de la tramitación de las solicitudes de nacionalidad, fundamentalmente a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

En España, según la legislación vigente, se puede acceder a la nacionalidad española por tres vías principales: por residencia, que sobre el papel es el procedimiento de naturalización al que acuden más extranjeros (aquí el plazo general es el de haber acumulado diez años de residencia legal en el país, aunque hay excepciones); por carta de naturaleza, esto es, aquella se otorga discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto; y nacionalidad por opción, donde entra el supuesto de hijos y nietos de españoles emigrantes hasta 1978.

Tras cerrarse el plazo el pasado octubre, han sido 2,3 millones, según datos propios del Gobierno, los solicitantes de la nacionalidad española por esta última vía, conforme a la ley de Memoria Democrática de 2022. De estas peticiones, a finales del pasado año, ya había medio millón aprobadas.

No obstante, la mayor parte de tales solicitudes todavía están por tramitarse, teniendo en cuenta además que el proceso de nacionalización acaba con la entrega del pasaporte a los beneficiados. Un pasaporte que les permitirá votar en las próximas elecciones generales. Esta maniobra del Gobierno para buscar fuera los votos que ha perdido en el territorio español viene siendo criticada duramente por los partidos de la oposición, que la califican de «reemplazo electoral» encubierto.

De esta manera, la prestación de este servicio de consultoría contratado ahora por el Gobierno para mejorar los «sistemas informáticos» del Ministerio de Justicia en lo referente al área de Nacionalidad, con un plazo de ejecución durante los dos próximos años, coincidirá de lleno con la concesión de cientos de miles de nacionalidades a hijos y nietos de emigrantes españoles.

Entre los requisitos exigidos por el Ministerio a las empresas candidatas (optaron a este concurso un total de 37 candidaturas), se encontraba un amplio conocimiento de «toda la legislación asociada a procedimientos de Nacionalidad», así como un «equipo de trabajo no sólo con conocimiento tecnológico, sino especialmente con conocimiento específico del sistema de información a evolucionar». El importe de adjudicación ascendió a 1.703.893,25 euros (impuestos incluidos).

Sin motivaciones políticas

OKDIARIO publicó el pasado marzo que fue la citada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, la que dictó una instrucción -publicada en el BOE del 26 de octubre de 2022- que permite a los nietos y bisnietos de emigrantes españoles de antes de la Guerra Civil optar a la nacionalización a través de la ley de Memoria Democrática.

Esta orden está motivando, como informó este periódico a través de un caso de descendientes de asturianos instalados en Chile, la nacionalización de nietos de emigrantes que salieron de España sin motivaciones políticas antes de la Guerra Civil, no siendo, por tanto, exiliados.

La alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez que firmó esta orden para nacionalizar a nietos de falsos exiliados fue Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. En la actualidad, la hermana del ex alcalde de Valladolid, que es fiscal de carrera, ocupa desde noviembre de 2023 el puesto de secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, también dentro del ministerio de Bolaños.