España
Ministerio del Interior

Interior rechaza investigar al escolta privado de Iglesias detenido en el acto de Vox en Vallecas

El Gobierno de PSOE-Podemos, a través del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha afirmado que ni abrió ni piensa abrir expediente informativo o sancionador alguno respecto a los secuaces del ex vicepresidente segundo del Ejecutivo Pablo Iglesias que hacen las veces de «escolta privada» de él y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

En la Comisión de Interior celebrada este miércoles en el Congreso, el socialista Pardo Piqueras ha señalado que «ninguno de los 11 detenidos en los tres atestados que se levantaron» por la agresión a la Policía y a Vox en el mitin de Vallecas «figura en los registros que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana tiene en el ámbito de la seguridad privada, ni figura como escoltas, ni como profesionales de la seguridad de ningún tipo».

Por tanto, ha proseguido el director de la Policía: «¿A quién hay que abrir el expediente? ¿A un fantasma?», ha lanzado en tono desafiante a la bancada de la oposición. «Si quieren empezamos a hacer investigaciones prospectivas a ver si cae al pez», ha llegado a decir con tono burlesco Pardo Piqueras.

Se da la circunstancia de que uno de los detenidos por la Policía en aquella agresión, Daniel J.J., y su hermano Iñaki J.J., alias Pirrakas, formaban parte de la guardia pretoriana de Pablo Iglesias, que fue candidato de Podemos en aquellos comicios a la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo. También Erlantz Ibarrondo Merino, abogado de grupos de extrema izquierda, ha aparecido en diferentes actos actuando como escolta de Iglesias.

Sin embargo, estos individuos parecen invisibles para el director general de la Policía, que se escuda en que tales guardaespaldas de Iglesias no están en ningún registro para evitar actuar contra ellos cuando estarían incurriendo en competencia desleal.

Francisco Pardo, director general de la Policía.

El subordinado de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior ha tenido que referirse a este asunto a raíz de una pregunta en Comisión registrada por Vox sobre el conocimiento que tuvo este departamento de la detención de «dos miembros de la seguridad privada del partido político Unidas Podemos por su participación en los graves altercados acaecidos en Vallecas el pasado 7 de abril».

La secretaria general y portavoz adjunta del grupo de Vox, Macarena Olona, ha respondido a Pardo Piqueras que a su formación le consta que los detenidos no fueron 11 sino 13 y que «el sujeto al que nos estamos refiriendo es el hermano del Pirrakas, Iñaki Jiménez, miembro de los Bukaneros, quien evidentemente no consta en el Registro como seguridad privada porque eso se trataría de una infracción administrativa prevista en el artículo 38» de la Ley de Seguridad Privada. Esto es, «hacer las veces de seguridad privada sin disponer de la licencia necesaria ni del título habilitante», ha incidido Olona, recordando que el Pirrakas ha aparecido por ejemplo en las redes sociales custodiando junto a la Guarda Civil el casoplón que Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene en Galapagar.

«Mamporreros»

Por su parte, la portavoz de Interior del Grupo Popular, Ana Vázquez, ha señalado al director general de la Policía que «no puede seguir cerrando los ojos al ver día sí y día también informaciones de que Podemos tiene seguridad privada». ¿Va a seguir ocultando desde el Gobierno a los mamporreros a sueldo de Podemos?», le ha espetado.

Junto a ello, Vázquez ha subrayado que conforme al artículo 38.2 de la ley de Seguridad Privada «los servicios de seguridad privada se prestarán únicamente por empresas de seguridad privada, despachos de detectives y personal de seguridad privada», algo que no ocurre en el caso de los secuaces del ex líder de Podemos.

En la Comisión de Interior de este miércoles se ausentaron diputados de Podemos y otras fuerzas de la mayoría Frankenstein que optaron por asistir en otra sala de la Cámara a la jornada ‘Los 6 de Zaragoza’ organizada por la formación morada para criminalizar a policías y jueces.