El Gobierno analiza el toque de queda que propone Madrid pero avisa: «Necesita el estado de alarma»

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 20/10/2020 13:17
  • Actualizado: 20/10/2020 17:44

El Gobierno trabaja a contra reloj para ofrecer una salida a Madrid una vez finalice, el próximo sábado, el estado de alarma que impuso Pedro Sánchez. La opción del toque de queda, que afectaría a todo el territorio nacional, gana cada vez más enteros. Eso sí, para decretar esta limitación de las libertades personales el Ejecutivo necesita una herramienta como el estado de alarma o el de sitio. Ambas alternativas no convencen en exceso a Moncloa, aunque hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reconocido que sin la cobertura del estado de alarma no sería posible. Según el ministro, «es la última información de la que dispongo», a lo que ha añadido: «Es una decisión que no está tomada».

Illa es el responsable de buscar el encaje legal del toque de queda en todo el territorio nacional sin tener que recurrir al temido estado de alarma. El presidente le ha facultado para encontrar la fórmula que podría proponer en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, que se tenía que celebrar este miércoles y se ha aplazado al jueves por la tarde, para ganar tiempo. No obstante, esta fórmula implicaría la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. Sea cual sea, la decisión final tiene que entrar en vigor el próximo viernes, previa publicación en el BOE. El ministro quiere que el PP haga público si apoyaría o no la aprobación de un nuevo estado de alarma para decretar el toque de queda.

Este martes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha propuesto al Gobierno la adopción de esta medida en todo el territorio nacional para evitar los contactos sociales que, mayoritariamente, se producen durante la noche. De esta forma la Policía tendría el marco jurídico necesario para sancionar a todo aquél que, durante las horas nocturnas, deambule por las calles para ir o volver de una fiesta privada en locales o pisos no autorizados.

Moncloa es consciente de que con los números de las últimas horas están marcando un récord en esta segunda ola, la actuación debe ser más contundente. El Gabinete de Sánchez continúa optando por que sean las comunidades autónomas, facultadas para ello desde el fin del estado de alarma, las responsables de tomar medidas y decretar restricciones, por el coste político que podría suponer. No obstante, y tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al cierre perimetral, vía orden ministerial, el Gobierno se ve obligado a dotar de seguridad jurídica a las autonomías.

En el Ministerio de Sanidad están preocupados, también, por la alta posibilidad que tras la segunda ola pueda llegar una tercera, a finales de año o principios de 2021, que no dará tregua a las autoridades sanitarias ni descanso a los profesionales médicos. Fuentes del departamento que dirige Salvador Illa constatan ese temor y se conjuran para evitar un nuevo escenario de colapso en los hospitales como ocurrió entre los meses de marzo y mayo. Por eso, en el equipo de Illa hablan de la necesidad de adoptar restricciones muy severas «por duras que sean». Cualquier otro escenario, apuntan, «pondría en riesgo nuestro sistema asistencial».

Los últimos en Europa

Si hace unos meses, con la llegada del virus a Europa, Pedro Sánchez se jactaba de liderar el Gobierno que adoptaba antes decisiones a nivel europeo, ahora, el de España es el Ejecutivo que tarda más en adoptar medidas contundentes para frenar la expansión del virus. Holanda, Irlanda e Italia, con una herramienta similar al estado de alarma español, o Francia, con un toque de queda nocturno que impide la movilidad de los franceses sin justificación, han abanderado la lucha contra el virus en esta segunda ola mientras el Gobierno de Sánchez evita adoptar medidas dejando la toma de decisiones en manos de las autonomías.

Fin del estado de alarma en Madrid

Salvador Illa lo ha verbalizado por primera vez despejando cualquier duda sobre la extensión o no: «No vamos a pedir la prórroga del estado de alarma». A tres días para qué expire la medida impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid, hoy, tras el Consejo de Ministros, Illa ha dejado claro que no se va a extender la limitación de libertades en la región.

Sin embargo ha confirmado que el Ejecutivo está estudiando la implementación del toque de queda a nivel nacional. Salvador Illa dice que «estamos hablando con las diferentes comunidades autónomas» para ver la utilidad y la fórmula de aplicación que en todo caso, según ha afirmado el propio dirigente, requeriría de un estado de alarma. Moncloa busca cómo decretarlo sin recurrir a esta herramienta constitucional.

El coronavirus es un problema europeo

El ministro de Sanidad ha avisado que «la segunda ola no es ya una amenaza, es una realidad en toda Europa». El socialista, que ha querido enfatizar mucho la situación en toda la Unión Europea para exonerar su responsabilidad, ha asegurado que «vienen semanas muy duras» ya que «el virus está presente y circulando entre nosotros». Los datos que se han conocido en las últimas horas reconoce que preocupan y poniendo el foco en Madrid, que se sitúa alrededor de los 430 puntos.

Colaboración con las comunidades autónomas

Illa dice que «el Gobierno de España no quiere sustituir a ninguna administración». Señala que la voluntad del gabinete de Pedro Sánchez es el de querer «coordinarlas a todas». En este sentido apunta a que «la clave es reducir la movilidad y los contactos concienciándonos todos» más allá de las restricciones que se puedan imponer en los próximos días. En este sentido pide la implicación de todas las administraciones para frenar al virus.

La vacuna llegará a España en diciembre

Salvador Illa ha asegurado que «en diciembre recibiremos las primeras dosis de la vacuna». Se trata de una partida de AstraZeneca, cuya dosis costará 2,90 euros, financiada por la Unión Europea y los países miembros. España en concreto tendrá que desembolsar 56 millones de euros si no hay incremento.

El ministro apunta que «si tenemos garantías científicas de que es una vacuna segura y eficaz, y no hay retrasos en las fechas del contrato, la vacuna llegará en diciembre» con el aval de la Agencia Europea del Medicamento. España, entre diciembre y junio, recibirá 31.500.000 dosis que serán de doble aplicación.