El Gobierno afirma que la campaña por el derecho a decidir en la Educación catalana es una cuestión «privada»

El Ejecutivo contesta así a las preguntas parlamentarias sobre este tema registradas por la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín. La diputada quería que el equipo de Pedro Sánchez se posicionara en torno a las manifestaciones públicas que estas asociaciones han realizado por toda España sobre la situación política en Cataluña.

Tal y como apunta el Gobierno en el texto, recogido por Europa Press, han sido «varias» las organizaciones que han mostrado su postura pública, dentro y fuera de Cataluña, cuando se cumplió un año de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. «Fue motivo de gran tensión social, en particular en los centros educativos por haberse convertido en centros electorales», explica.

Sin embargo, recuerda que las entidades referidas tienen «naturaleza privada» y que, por tanto, sus actuaciones «quedan dentro del ámbito del ejercicio de su actividad y la persecución de sus fines».

«Su carácter privado impide que su actividad pueda vulnerar ‘per se’ el principio de neutralidad ideológica de los poderes públicos pues, tal y como reconoce el Defensor del Pueblo en un escrito de 7 de agosto de 2018 dirigido a la consejera del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, dicho principio alcanza a los poderes públicos pero no a las entidades de la sociedad civil», apunta el documento.

Además, responde a Martín señalando que «expresar una opinión no contradice el artículo de la Constitución que reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» y, por tanto «el principio de neutralidad de las instituciones no guarda relación alguna con las manifestaciones que realizan entidades privadas» y que, además, «el Gobierno no entra a valorar».

La representante de Ciudadanos también preguntaba al Gobierno sobre las campañas y actos políticos que se habían llevado a cabo dentro de los propios centros educativos, unos hechos que, según explica Moncloa, son competencia autonómica por mandato constitucional a través de su Servicio de Inspección.

En cuanto a la labor de la Alta Inspección en este tema, por el que también pregunta Ciudadanos, «no cabe» su actuación porque se trata de un órgano estatal y «el Estado no puede sustituir el control de los servicios de inspección autonómicos» porque «sería una medida inconstitucional».

Por otra parte, los ‘naranjas’ preguntan también por el control de los libros de texto, para evitar, según indican, situaciones de «adoctrinamiento» en las aulas de Cataluña. A esta cuestión, por la que también preguntaba la diputada del PP Belén Hoyo, el Gobierno responde que la edición de este material escolar no requiere previa autorización de la Administración educativa y son los centros quienes deciden qué libros utilizarán en el desarrollo del curso.

En todo caso, explica, la supervisión de los libros «constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley».

Este lunes, los de Albert Rivera han registrado dos nuevas preguntas en relación con la educación en Cataluña, en este caso sobre inmersión lingüística. En concreto, quieren saber los efectos que esta práctica puede tener sobre la equidad educativa y las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para corregir «los efectos negativos de la inmersión lingüística en Cataluña sobre los niños castellanohablantes en sus resultados académicos».