La Generalitat retira a la Guardia Civil de las emergencias marítimas: «Los Mossos lo canalizan todo»

En plena ofensiva del independentismo catalán y vasco por expulsar a la Guardia Civil de sus territorios, con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, los agentes de este cuerpo destinados a vigilancia marítima en Cataluña denuncian que desde el 112 Emergencias no se les pasan avisos de posibles incidencias en el mar. «Todo se canaliza a través de Mossos», explican, como forma de potenciar la nueva Policía Marítima del cuerpo regional.

La llamada Policía Marítima de los Mossos, un proyecto iniciado por Artur Mas, impulsado por Carles Puigdemont y potenciado en los últimos años por Pere Aragonés, ha dado un paso adelante con la apertura de una gran base de operaciones en Barcelona. Se suma así a las de Ametlla de Mar​​​, Villanueva y Geltrú​​ y Palamós, que forman una red con intención de cubrir cada vez más litoral.

Sin embargo, explican fuentes de la seguridad del Estado destinadas en Cataluña, sus medios y personal aún no pueden rivalizar con los de la Guardia Civil, por lo que las grandes incidencias, rescates y emergencias siguen recayendo en el Servicio Marítimo del Instituto Armado. No así la gran mayoría de avisos que recibe el 112 Emergencias, que «son sistemáticamente comunicados a Mossos d’Esquadra», denuncian.

De esta forma, sospechan, «están intentando engordar las estadísticas de actividad de la unidad, de forma que se pueda justificar un aumento presupuestario, más embarcaciones y personal». De momento, con la Guardia Civil sólo se cuenta para aquellas operaciones que técnicamente no puedan realizar los Mossos.

Pese a que las competencias de las aguas corresponden a la Guardia Civil, siendo las de Mossos únicamente las referentes a la zona litoral y costera, esta unidad marítima nació para «cubrir funciones integrales en el ámbito marítimo de Cataluña». Es decir, con la ambición de asumir todas las competencias arrebatándoselas a la Guardia Civil.

Funciones atribuidas

Esta Policía Marítima depende de la Comisaría General de Movilidad y se encarga, según explican Mossos, «de la vigilancia y el patrullaje de las aguas marítimas con el propósito de prevenir la comisión de delitos y detectar infracciones administrativas».

La Policía Marítima está facultada para realizar denuncias en caso de infracciones relacionadas con la reglamentación náutica en tres áreas específicas: marina comercial, pesquera y deportiva. Esto incluye desde la supervisión de actividades comerciales en los puertos hasta el control de la pesca ilegal y el respeto a las normativas en actividades deportivas. Su labor también abarca la inspección y protección de los entornos naturales marítimos, enfocándose especialmente en la persecución de actividades que puedan dañar el medio ambiente, como la contaminación o la explotación no autorizada de recursos naturales.

En el ámbito de la investigación, la Policía Marítima tiene la capacidad de investigar delitos ocurridos tanto en tierra firme como en el mar, especialmente aquellos que tienen conexiones entre los medios terrestre y marítimo. Esto incluye casos que surgen de requerimientos judiciales o del Ministerio Fiscal.

Desde 2008

Pero este problema viene ya de lejos, desde que en 2008 los Mossos pusieran en marcha su Unidad Acuática, en origen una unidad especializada en trabajos subacuáticos similar a la que existe en otros cuerpos policiales y cuya labor se limita a las aguas interiores y sobre todo a apoyar a otras unidades del cuerpo. Búsquedas en pantanos o en zonas fluviales de personas serían ejemplos perfectos para entender su labor.

Sin embargo, en 2020 los responsables catalanes de Interior dieron un paso más presentando el despliegue del Cuerpo en aguas marítimas. Primero con una embarcación, luego con otra y después con otra más, hasta conformar una flotilla de tres embarcaciones de 13 metros de eslora cada una. Si lo que los Mossos deben hacer con estos barcos es revisar la documentación de las embarcaciones de recreo y revisar el trabajo de pesqueros de bajura tienen más que de sobra, pero está claro que los responsables de Interior en Cataluña quieren bastante más que eso.

De no ser así, no se pueden entender las adquisiciones que se plantean. Pretenden que la flota acabe superando los diez barcos, algo razonable teniendo en cuenta las dimensiones del litoral catalán. Lo que es más difícil de entender es lo que aseguran desde fuentes cercanas al Gobierno de la Generalitat, quienes aseguran que hay sobre la mesa la compra de un barco mayor, un barco equiparable a uno de los tipos de patrullera que usa la Guardia Civil. Se trataría de una embarcación de 30 metros de eslora, con autonomía de más de 600 millas y con una tripulación de 10 personas, sin duda un barco más diseñado para mantener la seguridad de las aguas territoriales de una zona que para perseguir a infractores que navegan sin título o con el seguro caducado.