Este es el documento de la Generalitat para coaccionar a las empresas a pagar a su Hacienda y no a Montoro
El objetivo de la Generalitat es quedarse con todos los impuestos nacionales. Se trata del siguiente paso en el corte de relaciones con el resto de España. Y consiste en coaccionar a las empresas para que gestionen el pago de todos los impuestos a través de la Hacienda catalana. Ese primer paso no es ilegal. Pero sí el objetivo final de la Generalitat: una vez que tenga la tramitación de toda la recaudación, pretende cortar el flujo de recaudación hacia la Hacienda nacional, quedándose toda la recaudación de unos impuestos que no le corresponden.
La Generalitat lo está haciendo por medio de lo que denomina como “Programa de homogeneización de los procesos y mecanismos de tramitación de tributos estatales”. Un programa que cuenta con una adaptación para las empresas privadas y otra para las entidades públicas.
Las reuniones con las empresas privadas se están manteniendo ya para presionar a las compañías a que adapten sus esquemas de pagos fiscales a los deseos de la Generalitat.
Y, dentro de la propia Administración Catalana, el programa se está explicando y distribuyendo en estos momentos.
El documento -al que ha accedido OKDIARIO- refleja claramente el cambio de ruta del dinero “que ingresa el sector público de la Generalitat y otros entes públicos de Cataluña a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)”. En el documento interno que explica como actuar a partir de ahora se señala que se “prevé un cambio en el flujo de presentación actual en el que la Agencia».
Tributaria de Cataluña centraliza la tramitación de estas presentaciones”. Es decir: que, a partir de ahora, el dinero ya no se ingresa directamente en la AEAT -la nacional-, sino que todo tiene que pasar por la Hacienda de Junqueras.
El documento expone casos prácticos con distintas entidades financieras. Así como la explicación de cómo llevar a cabo desde este momento los pagos para el Impuesto de Sociedades, el IVA y las retenciones a los empleados por el IRPF.
Uno de los apartados, de hecho, explica el “Esquema general de la tramitación por entidades”. Y allí se destaca un detalle de gran importancia. Y es que la apariencia de legalidad se mantiene hasta el final por medio del “acceso autenticado mediante certificados digitales habilitados en la sede de la ATC”. Este detalle se convierte, de este modo, en una protección legal para todos los que decidan tramitar los pagos de sus impuestos a través de la Hacienda catalana, puesto que es el mecanismo previsto para eludir de responsabilidades a los contribuyentes.
¿Por qué? Pues porque en estos momentos los contribuyentes pueden optar por pagar a través de las entidades colaboradoras de la Hacienda catalana, quedando la responsabilidad del posterior ingreso circunscrita a la Hacienda catalana. El problema ahora radica en que, evidentemente, la campaña de coacción a empresas e instituciones no es gratuita: al revés. Está precisamente pensada para que, en el momento en el que sea la Generalitat la que tramite todos los pagos, poder cortar de golpe el envío de recaudación fiscal a la Hacienda nacional.
El documento explica que esta práctica afecta a todo tipo de declaraciones. Que “se permiten los mismos tipos que permite la AEAT”, salvo “alguna particularidad” menor.
Y se añade que “se debe ordenar una transferencia por cada uno de los modelos de autoliquidación de ingreso presentados”. Detalle importante porque, en el fondo, lo que más les importa es quedarse con ese dinero.
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