La Generalitat coacciona a empresarios para que paguen impuestos a la Hacienda catalana y no a Montoro

Carles Puigdemont
Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Jordi Turull.
Carlos Cuesta

Las coacciones continúan: ahora en el campo empresarial. La Generalitat quiere, a partir de ahora, empezar a crear su tejido propio de recaudación. Y mantiene, para ello, reuniones con empresarios catalanes, en grupos de diez en diez, para informarles de que en breve se les indicará el mecanismo y cuentas a través de las que dejar de abonar los impuestos a su legítimo recaudador -la Hacienda nacional- y empezar a pagar directamente a la Generalitat.

Las reuniones acaban de iniciarse y ya son varios los empresarios que han recibido el primer aviso. “Se explica que habrá que pagar a la Hacienda catalana y no a la Hacienda nacional. Que se nos aclara en breve la mecánica y los números de cuenta a los que deberemos pagar. Y, evidentemente, todos entendemos que decir que no a este nuevo esquema fiscal significa meterse en el huracán, en la boca del lobo”, explica uno de los empresarios visitados y coaccionados.

Las reuniones se han empezado a tener desde hoy mismo. Los afectados no han tardado en ponerse en contacto con otros empresarios y han constatado que se trata de una movimiento generalizado y coordinado por la Generalitat.

La práctica supone una violación legal con invasión de competencias reservadas en excesiva al Estado. Implica una coacción brutal a las empresas. Y, además, supone un intento de jaque al Gobierno: a partir de ahora tendrá que explicar a los empresarios que deben llevar a cabo el acto de valentía de enfrentarse a la Generalitat y sus asociaciones, colectivos que se encuentran en estos momentos claramente en insumisión plena.

Se trata de una de las piedras angulares de lo que ellos denominan el proceso separatista. Y es que, si no tienen una vía de financiación garantizada, su quebrado sistema de gastos no podrá aguantar. Y para ello necesitan coaccionar a las empresas para garantizar unos ingresos mensuales que les permitan pagar la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. 

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