La Generalitat acusa al Gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución «por la puerta de atrás»

La Generalitat considera que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo «ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás» y ha anunciado una «batalla jurídica» en el Estado y también en la UE contra esta medida.

El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès (ERC), se ha referido así al mecanismo de control de pagos aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Generalitat se negara a seguir facilitando al Gobierno un control semanal de sus gastos.

Este viernes, el Consejo de Ministros ha aprobado la primera iniciativa no judicial para asfixiar el referéndum ilegal de independencia convocado por el Govern de Carles Puigdemont dentro del paquete de medidas adicionales de control de las cuentas de la Generalitat catalana para impedir que se desvíen fondos al referéndum de autodeterminación.

La reforma advierte “a las entidades de crédito de la responsabilidad en la que incurren si, a través de los servicios financieros, que prestan a las CCAA, actúan como colaboradores en la celebración de actividades que sean contrarias a la ley. Con el fin de que las entidades tengan la seguridad de que al prestar servicios financieros a las CCAA no incurran en ningún tipo de responsabilidad, se exige a las CCAA que acompañen todas sus órdenes de pago de un certificado de la Intervención General” (…) “lo mismo se aplica para cualquier contratista con las CCAA o con sus entidades dependientes”.

«No tiene amparo legal»

La Generalitat entiende que la decisión adoptada por el Gobierno es «ilegal», porque no tiene «amparo legal», dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar «por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución».

Este artículo de la Constitución es el que precisa que el Estado, tras una serie de trámites y con el aval del Senado, puede «adoptar las medidas necesarias para obligar» a una comunidad al «cumplimiento forzoso» de una serie de obligaciones, es decir, que puede intervenirla en la práctica.

Aragonès ha asegurado que el Govern no puede aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero ha acusado al Ejecutivo central de «saltarse su ley para intentar parar la democracia».

El alto cargo del Govern ha culpado también al Gobierno de «poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña».

La Generalitat entiende que el Gobierno hace referencia en su acuerdo al pago de servicios como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las nóminas, pero Aragonès se ha preguntado «dónde queda el gasto en seguridad, en Justicia, en prisiones, en servicios de emergencia como bomberos o en el mantenimiento de infraestructuras», y ha censurado la «profunda irresponsabilidad» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Con todo, Aragonès no ha aclarado si el Govern acatará o no la exigencia del Gobierno de que en 48 horas adopte un acuerdo de no disponibilidad de aquellos gastos de carácter no esencial.

El secretario del Govern entiende que el Gobierno «se salta» incluso la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Aragonès también ha acusado al Gobierno de «secuestrar los impuestos de los catalanes» y de pretender «paralizar la economía catalana» con decisiones de este tipo.

Con todo, Aragonès ha garantizado que este mes la Generalitat se hará cargo del abono de las nóminas de los funcionarios catalanes, y que se atenderán todos los pagos previstos.

El ejecutivo catalán considera que el Gobierno central está usando la ley de estabilidad presupuestaria «con fraude de ley» para «ir contra la democracia», y de ahí que el Govern anuncie también medidas en el ámbito de la UE, si bien Aragonès no ha entrado en detalles.

La Generalitat podría recurrir este acuerdo del Consejo de Ministros ante el Supremo, que es el órgano judicial competente en estos casos.

Aragonès también cree que no tienen base legal las órdenes dadas a entidades financieras, dado que «esto sólo lo puede hacer un juez».

Pese a estas medidas, el secretario de Economía de la Generalitat ha asegurado que el Govern está «comprometido» en continuar adelante con el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

A la pregunta de qué autonomía financiera tiene ahora la Generalitat, Aragonès no ha entrado en detalles y se ha limitado a comentar que el Gobierno español está vulnerando su propia normativa.

Control de los pagos públicos

También se ha sabido que el Ejecutivo central establecerá a partir de la próxima semana un nuevo mecanismo de control de pagos para asegurar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y evitar desvíos de cara a la celebración del referéndum ilegal. La medida se adoptó después de que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, informase a Hacienda de que no seguirá remitiéndole el informe semanal sobre sus gastos, como así se le requería desde el mes de julio.

El control irá destinado a “garantizar que ningún euro irá destinado a una actividad ilegal” y a asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa este viernes. El acuerdo ha sido adoptado en el Consejo de Ministros de este mismo viernes y Montoro ha avanzado que las medidas serán explicadas la próxima semana en el Congreso.

Los acuerdos, ha explicado, establecen “un novedoso sistema de pagos por el que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”.