La Fiscalía pide 9 años y medio de inhabilitación para Artur Mas por el 9N

La Fiscalía ha pedido nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Artur Mas, ex presidente de la Generalitat, por presuntos delitos de desobediencia y de prevaricación por la organización del 9N, para el que se emplearon recursos públicos.

En el escrito de acusación, los funcionarios Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres reclaman también ocho años y siete meses para le entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau.

La Fiscalía les acusa de haber desobedecido intencionadamente el mandato del Tribunal Constitucional (TC), así como de haber intentado aparentar que todo había corrido a cargo de voluntarios.

El Ministerio Público concluye que Mas actuó «intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad» desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin el 9N.

Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la «impulsora directa de las principales actuaciones administrativas» para el 9N.

En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.