Laura Borràs se acerca a la cárcel: la Fiscalía rechaza el indulto por no mostrar arrepentimiento
La ex presidenta del Parlament está condenada a cuatro años y medio de cárcel
La Fiscalía Superior de Cataluña se ha opuesto a la petición de indulto a Laura Borràs, ex presidenta del Parlament catalán, tras ser condenada por un «abuso de poder» en un delito de corrupción. El Ministerio Público concluye que Borràs no ha mostrado «el más mínimo signo de arrepentimiento» y por tanto acerca a la cárcel a la afiliada de Junts, tras objetar que el Gobierno la indulte.
El informe emitido por la Fiscalía es desfavorable a la medida de gracia a Borràs que solicitó el Gobierno al propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), argumentando que la pena de prisión, que asciende a cuatro años y medio de cárcel según lo impuesto a la dirigente de Junts por adjudicar contratos a dedo cuando dirigió la Institución de las Letras Catalanas (ILC), es desproporcionada.
El escrito rechaza la concesión del indulto a Borràs, ya sea el mismo «total o parcial». El motivo que se alega y considera es que la conducta delictiva de la que fuera presidenta del Parlament de Cataluña es «claramente merecedora de la imposición de las penas previstas», que ascienden a cuatro años y medio de prisión.
Asimismo, el informe contrario a la medida de gracia a Laura Borràs destaca el compromiso con evitar «la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones públicas».
La fiscal Assumpta Pujol Ribera precisa en el informe que Laura Borràs no ha aceptado su responsabilidad en ningún momento a la hora de actual al margen de la ley. También destaca que la condenada no «ha exteriorizado el más mínimo signo de arrepentimiento por las conductas que motivaron su condena».
La negación del delito para demandar su inocencia y el consiguiente indulto han derivado, según el escrito, en una autopresentación como «víctima de lawfare quién ha cometido el delito con absoluto abuso de autoridad y menosprecio a la legalidad». Pujol Ribera, como representante del Ministerio Público, también deja constancia de que Borràs ha defendido «sin el más mínimo rubor, haber sido víctima de una persecución judicial por sus ideas políticas».
Borràs «no está rehabilitada»
Según el Ministerio Público, la condena impuesta a la expresidenta del Parlament no puede considerarse «absolutamente desproporcionada» respecto a los hechos juzgados, ni concurren «razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen» el perdón.
La Fiscalía razona que el comportamiento de Laura Borràs «no permite inferir una mínima aceptación de la conducta delictiva perpetrada y un propósito decidido de no reincidir». Por ello, el informe concluye que la militante de Junts «no se encuentra reeducada ni rehabilitada socialmente».
Además, razona que la procesada trabaja actualmente como docente en la Universidad de Barcelona, donde «puede perfectamente reproducir conductas de abusos de poder, adoptar resoluciones injustas, falsear o alterar documentos oficiales o defraudar a la administración».
El informe sostiene además que el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la ejecución de la pena tampoco debe conducir al indulto de Laura Borràs: las dilaciones obedecen a la propia condenada, por sus «cambios constantes de aforamiento».
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